Monterrey, Nuevo León.- La Comisión Anticorrupción del Congreso de Nuevo León aprobó este viernes 12 de junio de 2026 el inicio de un juicio político en contra del gobernador Samuel García Sepúlveda, derivado de acusaciones por presunta triangulación de recursos públicos y posibles hechos de corrupción. Tras este aval, el expediente avanzará al pleno del Poder Legislativo para continuar con el trámite correspondiente.

La resolución se dio durante una sesión extraordinaria en la que el procedimiento recibió el respaldo de los legisladores del PRI, PAN y una diputada de Morena, mientras que la representación de Movimiento Ciudadano emitió su voto en contra. Como parte del protocolo, la comisión acordó notificar formalmente al mandatario, quien dispondrá de 15 días hábiles para presentar su defensa, ya sea por escrito, de manera presencial o por medio de sus abogados.

 

Samuel García Sepúlveda ha sido gobernador de Nuevo León desde el 4 de diciembre de 2021, tras su elección como candidato de Movimiento Ciudadano. Su administración ha enfrentado anteriormente señalamientos sobre gestión de recursos financieros y ejercicio del gasto público.

El proceso se origina por una denuncia presentada formalmente por la bancada de Morena el pasado 8 de junio. Los señalamientos apuntan a un presunto desvío y triangulación de fondos de la administración estatal por casi mil millones de pesos, los cuales supuestamente tuvieron como destino final un despacho ligado al padre de Samuel.

¿Cuál es el siguiente paso en el proceso de juicio político?

Tras la aprobación de la Comisión Anticorrupción, el caso avanzará a otras instancias del Congreso Local para su seguimiento. Además, Samuel García tendrá que ser notificado y contará con un plazo de 15 días hábiles para responder. Podrá comparecer ante el Poder Legislativo local por escrito o de manera presencial, como lo establece el procedimiento.

De acuerdo con el cronograma del Poder Legislativo, tras la notificación y el periodo de respuesta del gobernador, la Comisión Anticorrupción determinará al final de junio si se continúa con la etapa de diligencias e investigación de pruebas. En caso de encontrar elementos suficientes, se estima que durante el mes de agosto se le convoque a un periodo extraordinario de sesiones en el pleno del Congreso para votar la procedencia definitiva de la destitución o el desafuero.

Para que el juicio político sea aprobado de manera definitiva por el pleno, el marco legal del estado estipula que se requiere el voto favorable de una mayoría de al menos 28 de los 42 diputados locales que integran el Congreso de Nuevo León.

¿Qué implicaciones tiene esta decisión para la gestión pública en Nuevo León?

La aprobación del juicio político refleja el trabajo de supervisión que realiza el poder legislativo local sobre los actos del ejecutivo estatal. El Congreso Local tiene la facultad constitucional de investigar y procesar a funcionarios por actos que se consideren contrarios a la ley o al interés público.

 

Fuente: Tribuna