Monterrey, Nuevo León.- Este viernes 12 de junio de 2026, la Comisión Anticorrupción del Congreso de Nuevo León aprobó el inicio de un juicio político en contra del gobernador Samuel García Sepúlveda. Con este aval, el expediente avanzará al pleno del Poder Legislativo.

La resolución se dio en una sesión extraordinaria con los votos a favor del PRI, el PAN y la diputada de Morena, Grecia Benavides. En contraste, la bancada de Movimiento Ciudadano (MC) votó en contra, acusando una persecución política.

Tras la notificación formal, el mandatario estatal tendrá un plazo de 15 días hábiles para ejercer su derecho de defensa. Asimismo, la comisión fijó su comparecencia para el próximo 23 de junio a las 16:00 horas, cita a la que García Sepúlveda podrá acudir de forma presencial, por escrito o a través de sus representantes legales.

El origen de la denuncia: Presunta triangulación millonaria

El proceso legislativo deriva de una denuncia presentada formalmente el pasado lunes 9 de junio por la dirigente estatal de Morena, Anabel Alcocer —quien también promovió una acusación ante la Fiscalía General de la República (FGR)—.

De acuerdo con el expediente 21537/77, se señala un presunto desvío y triangulación de recursos del erario (que la dirigencia morenista estima entre 1,000 y 3,000 millones de pesos). El documento sostiene que los fondos públicos, provenientes de distintas dependencias estatales, habrían transitado a través de empresas privadas desde 2022 —primer año de la administración— hasta parar en despachos jurídicos y fiscales propiedad del gobernador, de su padre (Samuel García Mascorro), así como de otros familiares y socios.

Los elementos de prueba agregados a la denuncia permiten presumir la existencia de la infracción y la probable responsabilidad del denunciado”, señala el resolutivo aprobado.

A pesar de ser los promoventes del juicio, el coordinador de los diputados de Morena, Mario Soto, y el legislador Rogelio Montemayor se ausentaron de la sesión. Al existir el quórum legal, el dictamen de procedencia se aprobó por mayoría de votos en el órgano legislativo.

Tensión política en plena vitrina internacional

La decisión de la Comisión Anticorrupción llega en un momento particularmente incómodo para el Ejecutivo estatal. Coincide con la antesala del Mundial de Fútbol de la FIFA, donde Monterrey funge como sede y busca proyectarse globalmente, mientras su mandatario local es orillado a la picota política.

Desde el inicio de su administración, García Sepúlveda ha mantenido una relación ríspida con un Congreso dominado por las fuerzas opositoras del PRI y el PAN, bloques que han utilizado su peso legislativo para frenar presupuestos, nombramientos e iniciativas clave.

La coordinadora de la bancada de MC, Sandra Pámanes, fue la única en emitir un voto en contra dentro de la comisión. Pámanes calificó el procedimiento como un acto viciado de origen que carece de sustento jurídico conclusivo:

“Están tercos en querer mantener esta crispación”, reprochó la legisladora, argumentando que más de la mitad de los señalamientos se basan únicamente en investigaciones periodísticas y no en auditorías firmes, por lo que anticipó que el proceso podría ser impugnado y tirado en juzgados federales.

¿Qué sigue en el cronograma legislativo?

El resolutivo aprobado aún debe superar estrictos filtros internos y no implica una destitución automática:

  • Finales de junio: La Comisión Anticorrupción definirá si se avanza formalmente a la etapa de desahogo de pruebas tras escuchar los alegatos del gobernador.
  • Agosto: Si se dictamina que existen elementos suficientes, se convocaría a un periodo extraordinario en el pleno para votar la destitución o el desafuero.
  • El requisito de votos: Para que la sanción proceda, el pleno del Congreso requiere de una mayoría calificada de 28 de los 42 votos de los diputados locales.

El escenario luce cuesta arriba para el mandatario: Movimiento Ciudadano apenas cuenta con 10 escaños, mientras que la oposición (PAN con 10, PRI con 8, además de Morena, el Partido Verde y el PT) suma una holgada mayoría que ha cerrado filas en este conflicto.

De avanzar la votación en el Congreso, la Comisión reconoció que una eventual separación definitiva del cargo tendría que ser validada y determinada por el Tribunal Superior de Justicia al término de todo el procedimiento.

Avalan iniciar juicio político contra Samuel García, gobernador de Nuevo León

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Fuente: Tribuna