Monterrey, Nuevo León.- El gobernador de Nuevo León, Samuel García Sepúlveda, remitió al Congreso del Estado un informe de 248 páginas para responder al proceso de juicio político iniciado en su contra por la Comisión Anticorrupción, derivado de presuntos delitos de peculado y triangulación de recursos públicos. Postura del Ejecutivo: “En rebeldía y bajo protesta”.
En el escrito, entregado previo a la sesión de la comisión, el mandatario estatal asume una postura de “rebeldía“, “bajo protesta” y “ad cautelam“. En el documento desconoce la legitimidad jurídica del proceso, señala que el congreso invade sus competencias y califica la denuncia original —presentada por Anabel Alcocer, dirigente estatal de Morena— como “temeraria, infundada y oscura”.
Como parte de su defensa, el titular del Ejecutivo solicitó la asignación de un abogado del Instituto de la Defensoría Pública del Estado. Al respecto, la diputada priista y presidenta de la Comisión Anticorrupción, Armida Serrato, precisó que, debido a su cargo, García Sepúlveda tiene la capacidad económica para contratar una defensa privada; sin embargo, para garantizar el debido proceso, el Congreso contempla asignarle un defensor de oficio ante su negativa de nombrar a un representante legal propio. Serrato informó también que el expediente ya está a disposición de los legisladores y fue turnado a la Unidad de Transparencia para elaborar una versión pública, protegiendo los datos personales conforme a la normativa.
Inicio de indagatorias a empresas
Ante la ausencia de amparos federales que detengan el procedimiento, el congreso cuenta con vía libre para acelerar el caso. Durante la sesión, la comisión acordó formalizar el inicio de la etapa de investigaciones contra diversas empresas y despachos de abogados relacionados con el gobernador.
Vamos a empezar a recibir toda la información que permita continuar con el proceso. A propuesta de una servidora, pondré en la mesa que se mande a llamar a las empresas que estarían involucradas en esta posible triangulación de recursos”, detalló la legisladora, adelantando que se solicitarán datos a dependencias locales y federales.
La votación para avanzar con estas acciones contó con el respaldo de las bancadas del PRI, PAN y Morena. Por su parte, la diputada Claudia Chapa (PVEM) se abstuvo, mientras que Sandra Pámanes (Movimiento Ciudadano) votó en contra.
Cronograma del juicio político
La Comisión Anticorrupción detalló la ruta de trabajo para las próximas semanas, con la estimación de que el dictamen sobre la posible separación del cargo del gobernador llegue al pleno a mediados de agosto:
- Diligencias inmediatas: A partir de esta semana, se realizará una revisión exhaustiva de la documentación presentada y se solicitará información a las empresas implicadas.
- Etapa de análisis: Se contemplan 15 días hábiles para el desahogo y revisión de pruebas, seguidos de 5 días adicionales para la elaboración del proyecto de resolución.
- Resolución final: Se proyecta presentar los primeros avances sustanciales hacia el 5 de agosto, con miras a una votación definitiva en el pleno el próximo 15 de agosto.
Finalmente, Armida Serrato advirtió que el proceso podría enfrentar intentos de desvirtuación mediante campañas en redes sociales. Por ello, hizo un llamado a las fracciones de Morena y del PVEM a mantener su respaldo a la investigación, buscando llegar a una resolución que determine la viabilidad legal y administrativa del juicio político.
El Congreso de Nuevo León alista indagatorias a empresas de Sa
Fuente: Tribuna