Washington, Estados Unidos.- Este jueves 25 de junio trasciende que una investigación federal en Estados Unidos (EU) ha imputado a más de 450 personas, entre ellas 90 médicos y profesionales sanitarios, por participar en un fraude de alcance nacional valorado en 6 mil 500 millones de dólares. La pesquisa abarca múltiples jurisdicciones y expone un esquema con ramificaciones en distintos niveles del sistema asistencial estadounidense.
La investigación llevada a cabo por las autoridades federales estadounidenses permitió identificar un patrón delictivo que involucra a profesionales de la salud en diferentes estados. El esquema operaba mediante facturación fraudulenta, expedición de prescripciones no autorizadas y facturas falsas al sistema de seguros médicos. Los investigadores documentaron transacciones irregulares que alcanzaban cifras significativas mensuales en múltiples hospitales y clínicas.
La pesquisa, nombrada National Health Care Fraud Takedown 2025, comenzó a desarrollarse en la segunda quincena de junio, afectando a beneficiarios y contribuyentes públicos de programas como Medicare.
De acuerdo al informe desvelado por el Departamento de Justicia de Estados Unidos, el caso ha constatado daños a pacientes de 45 estados y 56 distritos federales.
¿Cuáles fueron los principales mecanismos del fraude?
El fraude sanitario funcionaba mediante la presentación de reclamaciones falsas a programas federales de seguros de salud. Los imputados presentaban facturas por servicios que nunca fueron prestados o utilizaban códigos de procedimientos incorrectos para incrementar los montos reembolsables. Médicos cómplices emitían prescripciones innecesarias de medicamentos controlados que posteriormente eran vendidos en el mercado negro.
El esquema también incluía la falsificación de registros médicos y la facturación múltiple del mismo procedimiento a diferentes aseguradoras. Algunos participantes operaban clínicas de fachada sin licencia real ni personal médico certificado. Las transacciones se ocultaban mediante transferencias bancarias a cuentas offshore y estructuras corporativas ficticias.
¿Qué alcance territorial tiene la investigación?
La operación federal involucra jurisdicciones en múltiples estados del país. Los investigadores documentaron participación de profesionales en hospitales públicos y privados, consultorios independientes y centros de atención especializada. Cada estado afectado mantiene una ramificación específica del esquema conectada a una estructura central de coordinación.
Los procuradores federales han coordinado con agencias estatales y locales para asegurar a los imputados. Algunos casos ya avanzan en cortes federales con acusaciones formales de fraude, conspiración y lavado de dinero. Las penas propuestas incluyen años de cárcel y restitución económica a las entidades aseguradoras defraudadas.
La investigación continúa desarrollándose en fases. Las autoridades han congelado cuentas bancarias asociadas a los participantes y requisado bienes inmuebles obtenidos con ganancias ilícitas. Se espera que el número de imputados aumente conforme avancen las indagatorias en jurisdicciones aún bajo revisión.
Fuente: Tribuna