Monterrey, Nuevo León.- El Gobierno de Nuevo León oficializó este lunes la reforma constitucional que reduce la edad mínima requerida para ocupar la gubernatura del estado, pasando de 30 a 28 años. De igual forma, el documento avala la disminución de 21 a 18 años como requisito para contender por una alcaldía o una diputación local.

La modificación, aprobada por el Congreso Local el pasado 29 de junio, fue publicada esta mañana en el Periódico Oficial del Estado. Al promulgarse con 90 días de anticipación al arranque formal del año electoral —programado para el 6 de octubre de acuerdo con los lineamientos del Instituto Estatal Electoral y de Participación Ciudadana (IEEPC)—, la reforma será aplicable en los comicios para la gubernatura de 2027.

Mediante el Decreto 2029, se reformó la fracción II del artículo 71, la fracción II del artículo 118 y la fracción II del artículo 172 de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Nuevo León. El texto constitucional ahora precisa en el Artículo 71 el requisito de “tener 18 años al día de la elección” para cargos municipales y legislativos, y en el Artículo 118 el de “tener cuando menos 28 años al día de la elección” para el mandato estatal.

El proceso legislativo de esta iniciativa concluyó la semana pasada con su aprobación en segunda vuelta, luego de que la primera ronda fuera avalada en marzo del año anterior. La propuesta original surgió de los legisladores locales Miguel Flores Serna (Movimiento Ciudadano), actual secretario general de Gobierno; Armida Serrato (PRI); y Anylú Bendición Hernández (Morena). El día de la votación definitiva, la diputada morenista retiró su iniciativa; sin embargo, el dictamen ya contaba con la mayoría calificada en el pleno para proceder.

En el ámbito político, uno de los actores con impacto directo tras esta modificación es el diputado local morenista Jesús Elizondo, quien aspira a la candidatura para la gubernatura. No obstante, dado que la convocatoria interna de Morena aún exige tener 30 años cumplidos, Elizondo buscó registrarse a través del Partido del Trabajo (PT). Su solicitud fue rechazada por dicho instituto político, lo que llevó al legislador a impugnar el proceso, cuya resolución se encuentra actualmente pendiente.

Fuente: Tribuna