Monterrey, Nuevo León.- Organismos de la sociedad civil exigieron al Congreso de Nuevo León eliminar las prácticas que dificultan el acceso a la información pública. Los activistas señalaron que no debería ser necesario tramitar solicitudes para consultar documentos que, por ley, tienen la obligación de ser públicos, tales como los comprobantes de recursos y los gastos en viáticos.

La inconformidad escaló luego de darse a conocer que el Congreso Local respondió a una solicitud de información sobre los gastos en alimentos de las bancadas argumentando que los archivos solo existen en formato físico. De acuerdo con la respuesta institucional, el costo para obtener los documentos ascendería a cerca de 300,000 pesos por concepto de más de 133,000 copias. Al respecto, el diputado panista Carlos de la Fuente, presidente de la Comisión de Coordinación y Régimen Interno (Cocri), indicó que se analizará la situación.

Críticas a las trabas administrativas

Liliana Flores, integrante del Grupo de las 6 y exdiputada federal, calificó el retraso y el encarecimiento de la información como una estrategia histórica para evadir el escrutinio público sobre gastos polémicos. La activista apuntó que esta medida vulnera el derecho humano a la información establecido en el artículo 6 de la Constitución, y añadió que la negativa persiste aun cuando se solicita la entrega de archivos en formatos electrónicos portátiles.

Por su parte, el expresidente de Vertebra, Gilberto Marcos, cuestionó el argumento del Congreso sobre la inexistencia de archivos digitales, recordando que las facturas actuales se generan de forma electrónica desde su origen. Marcos afirmó que los gastos de los legisladores tendrían que estar disponibles de manera permanente en los portales oficiales de transparencia, sugiriendo que la omisión de estos datos responde al interés de no exhibir dicha información.

Señalan incongruencia institucional

La activista y exdiputada local, Rebeca Clouthier, coincidió en que los altos cobros representan un pretexto para bloquear la entrega de documentación obligatoria. Clouthier enfatizó que el Congreso, al ser el órgano encargado de legislar, debería fungir como un ejemplo de rendición de cuentas, por lo que calificó la situación de incongruente. Asimismo, los representantes de las organizaciones civiles indicaron que este tipo de obstáculos no son exclusivos del Legislativo, sino que también se replican en diversas administraciones municipales.

Cuestionamiento al Semáforo de la Transparencia

El actuar del Instituto Estatal de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales (InfoNL) también fue objeto de observaciones por parte de los organismos ciudadanos. Los activistas criticaron que el órgano garante haya otorgado una calificación de 100 al Congreso de Nuevo León en su Semáforo de la Transparencia.

Flores argumentó que dicha evaluación resulta superficial y no se corresponde con la realidad ni con el acceso efectivo que experimentan los ciudadanos al ejercer su derecho a la información. Finalmente, apuntó que la falta de claridad en el rubro de facturas por alimentos impide comprobar si dichos recursos se están destinando de forma correcta a los conceptos señalados.

Fuente: Tribuna