Monterrey, Nuevo León.- Un grupo de 18 presidentes municipales presentó un requerimiento formal ante el Gobierno de Nuevo León para reclamar la entrega de recursos estatales, participaciones federales y derechos vehiculares que presuntamente permanecen retenidos. De acuerdo con los ediles, la suma total de los fondos no liberados podría alcanzar un monto cercano a los 1,700 millones de pesos.

La entrega del documento en el Palacio de Gobierno estuvo encabezada por el alcalde de Monterrey, Adrián de la Garza Santos, quien calificó la petición como un acto “respetuoso, pero firme”. Los presidentes municipales argumentan que la administración estatal ha incumplido con la asignación de fondos derivados de convenios de coordinación fiscal, así como con los ingresos recaudados por concepto de multas y derechos del Instituto de Control Vehicular que corresponden por ley a las demarcaciones.

Según detallaron los representantes locales, los pasivos reclamados se originaron desde el año 2022 y continúan acumulándose. Entre las afectaciones desglosadas por las autoridades municipales se encuentran:

  • Monterrey: Registra un saldo pendiente superior a los 300 millones de pesos.
  • Escobedo: José Antonio Quiroga Chapa, encargado del despacho de la alcaldía, reportó un adeudo superior a los 360 millones de pesos, el cual incluye fondos ya comprobados desde 2022 y participaciones por multas.
  • San Nicolás de los Garza: El alcalde Daniel Carrillo Martínez expuso que la falta de recursos impacta directamente la operatividad de los servicios públicos esenciales, tales como la seguridad, salud, mantenimiento de escuelas, movilidad y transporte urbano.

Durante la presentación del escrito —en la que también estuvieron presentes alcaldes como David de la Peña, de Santiago, y Manuel Guerra, de García, junto a otros representantes de la zona rural— los ediles recalcaron que no están demandando partidas presupuestales extraordinarias, sino la transferencia del capital que legalmente ya está presupuestado y establecido bajo convenio.

Asimismo, se solicitó de manera oficial al gobernador del estado, Samuel García Sepúlveda, que gire instrucciones a Ulises Carlín de la Fuente, encargado del despacho de la Tesorería Estatal, para que efectúe los depósitos correspondientes. De la Garza Santos señaló que, de acuerdo con las explicaciones del área financiera del Estado, los fondos han sido condicionados bajo el argumento de requerir documentación vinculada con la Auditoría Superior del Estado; postura que los alcaldes rechazaron firmemente al calificarla como una medida de presión injustificada.

Finalmente, el bloque de alcaldes advirtió que esta entrega formal marca el inicio de una ruta jurídica. En caso de que el Gobierno de Nuevo León no responda al requerimiento en los términos planteados, informaron que procederán con las acciones legales, administrativas y penales pertinentes para salvaguardar la ejecución de obras y la prestación de servicios a la ciudadanía.

Fuente: Tribuna