Monterrey, Nuevo León.- El Gobierno de Nuevo León rechazó categóricamente la existencia de adeudos pendientes con las administraciones municipales de la entidad, asegurando que la entrega de las participaciones tanto federales como estatales se ha realizado de forma oportuna, exacta y con estricto apego al marco legal vigente. Esta declaración surge tras el reclamo de un grupo de alcaldes metropolitanos y rurales, quienes exigieron el pago inmediato de recursos estimados entre los 1,600 y 1,700 millones de pesos.
Ulises Carlín de la Fuente, encargado del despacho de la Secretaría de Finanzas y Tesorería General del Estado, calificó de falsos los señalamientos sobre los presuntos atrasos, argumentando que la información referente a las transferencias de los fondos es totalmente pública y transparente para la consulta de cualquier ciudadano. Asimismo, el funcionario destacó que este lunes fue publicado en el Periódico Oficial del Estado el reporte trimestral correspondiente a la distribución de estas participaciones federales y estatales.
Aunado a esto, la Tesorería estatal recordó que la Auditoría Superior de la Federación (ASF) realizó recientemente un proceso de revisión a la administración de dichos recursos sin encontrar anomalías o emitir observaciones al respecto. Carlín de la Fuente explicó que las variaciones o disminuciones en los montos percibidos por los ayuntamientos responden a una baja en la recaudación de ingresos federales, lo cual genera un impacto a nivel nacional. Adicionalmente, precisó que existen otros fondos específicos condicionados a la presentación y al avance físico de proyectos, por lo que la dependencia estatal se comprometió a revisar cada expediente en coordinación con los tesoreros municipales.
Alcaldes exigen transferencias y amagan con medidas legales
Por otra parte, una comitiva de cerca de veinte alcaldes acudió este lunes a las instalaciones del Palacio de Gobierno para formalizar su exigencia de pago. En representación de los ediles, el alcalde de Monterrey, Adrián de la Garza, entregó un requerimiento formal en el que detalló que el adeudo estimado afecta diversos fondos, aportaciones y derechos de tránsito u otros rubros municipales.
De la Garza expuso que la falta de entrega oportuna de estos recursos repercute de manera directa en la ciudadanía, ya que limita el desarrollo de infraestructura vial, la ejecución de obras públicas y las tareas de seguridad en las localidades. El munícipe regiomontano advirtió que la solicitud se planteó de manera firme y con carácter legal, marcando el inicio de posibles acciones administrativas, financieras e incluso penales si persiste el incumplimiento por parte del Estado.
Mientras el Gobierno de Nuevo León sostiene que las cuentas estatales están al corriente y debidamente auditadas, los alcaldes municipales insisten en que los recursos les corresponden por derecho y son indispensables para mantener los servicios públicos de la población.
Fuente: Tribuna