Monterrey, Nuevo León.- Actores políticos a nivel nacional y estatal manifestaron su rechazo ante la suspensión provisional del juicio político contra el gobernador de Nuevo León, Samuel García, dictada por la ministra de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), María Estela Ríos. El recurso legal suspendido frena de momento la posibilidad de separar de su cargo al mandatario estatal, en un procedimiento que promovió originalmente la dirigente local de Morena, Anabel Alcocer, ante el Congreso del Estado por presunta triangulación de recursos públicos.
La presidenta de la República, Claudia Sheinbaum, señaló la necesidad de que la ministra ponente explique públicamente cuáles fueron las consideraciones legales tomadas para conceder dicha medida. La jefa del Ejecutivo federal recordó que un gobernador puede ser enjuiciado conforme a las normas establecidas en la Constitución de cada entidad federativa, por lo que anticipó una revisión formal de los argumentos judiciales, al tiempo que reafirmó la facultad del Congreso local para investigar y determinar la procedencia de la acusación.
Por su parte, la dirigente nacional de Morena, Ariadna Montiel, anunció de manera oficial que su partido interpondrá un recurso legal en contra de la resolución dictada de forma individual por la ministra. La representación del partido guinda argumentó que la decisión de evitar la separación del cargo bajo el supuesto de que afectaría la conducción del gobierno no se sostiene jurídicamente, por lo que impugnarán la medida cautelar para buscar que el proceso en contra del jefe del Ejecutivo estatal continúe su curso habitual.
En el ámbito del Poder Legislativo de Nuevo León, la presidenta de la Comisión de Anticorrupción, Armida Serrato, precisó que la suspensión es transitoria y únicamente impide al Tribunal Superior de Justicia (TSJ) aplicar una sanción definitiva contra el gobernador. La legisladora del PRI, respaldada por la diputada del PAN, Claudia Caballero, explicó que el Congreso mantendrá sus labores de análisis para emitir un dictamen, posiblemente en un periodo extraordinario durante el mes de agosto, operando en paralelo mientras la SCJN resuelve de manera definitiva el fondo de la controversia constitucional en un plazo estimado de mes y medio.
Fuente: Tribuna