Monterrey, Nuevo León.- La comercialización de vapeadores y cigarrillos electrónicos continúa de forma abierta en el estado de Nuevo León, evadiendo la reforma constitucional publicada el pasado 16 de enero que prohíbe explícitamente su fabricación, importación, distribución y venta en México. A pesar de que la legislación federal establece sanciones penales de hasta ocho años de prisión y multas económicas equivalentes a dos mil Unidades de Medida y Actualización (UMA), las dinámicas de distribución ilegal se mantienen activas en el mercado local a través de diversas modalidades presenciales y digitales.
Recorridos de supervisión periodística en el Centro de Monterrey permitieron constatar la venta de estos dispositivos, de origen mayoritariamente asiático, en puestos ambulantes ubicados sobre las calles Garibaldi, 5 de Mayo y Colegio Civil, con costos que oscilan entre los 40 y los 200 pesos. Asimismo, se detectó la operación de una máquina expendedora automatizada en la zona Tec, acondicionada con una estructura que oculta el catálogo desde el exterior, la cual facilita la adquisición inmediata de los productos con tarifas de hasta 450 pesos mediante pagos en efectivo o tarjeta, lo que incrementa el riesgo de acceso directo para menores de edad.
Respecto al marco normativo vigente, la presidenta de la Comisión de Salud del Congreso Local, Gabriela Govea, aclaró que la reforma constitucional es de carácter vinculante para las 32 entidades federativas, por lo que las autoridades locales poseen plenas atribuciones para actuar sin necesidad de una homologación previa. La legisladora priista precisó que el decreto publicado en el Diario Oficial de la Federación concede un plazo de 365 días a los estados para adecuar sus reglamentos internos, al tiempo que informó sobre el análisis de una iniciativa estatal orientada a sancionar específicamente el suministro de estos dispositivos a la población infantil.
Por su parte, la diputada local del PAN, Claudia Caballero, señaló que la permanencia y proliferación de este mercado negro refleja debilidades en los mecanismos de vigilancia y contención de la distribución ilegal. La funcionaria subrayó la necesidad de trazar una ruta integral de prevención y exhortó a la Comisión Federal para la Protección contra Riesgos Sanitarios (Cofepris) a estructurar mecanismos efectivos de fiscalización a nivel federal para frenar el comercio informal, mientras que la Secretaría de Salud estatal no emitió respuesta oficial tras ser consultada sobre el total de operativos y decomisos ejecutados en el estado.
Fuente: Tribuna