Monterrey, Nuevo León.– La Secretaría de Educación de Nuevo León evalúa la implementación de una medida que prohibirá el ingreso de alumnos con dispositivos electrónicos a los centros escolares del estado. Las autoridades educativas fundamentaron este análisis en la necesidad de frenar los incidentes y amenazas de violencia con armas de fuego registrados durante el ciclo escolar saliente, los cuales, según las investigaciones oficiales, se originaron principalmente a partir de la propagación de retos virales en plataformas de internet.
El titular de la dependencia, Juan Paura, explicó que el uso de estos aparatos dentro de las aulas propicia que las conductas de alerta sean fotografiadas o difundidas de manera inmediata por la propia comunidad estudiantil, lo que incrementa el desorden. Aunque la actual Ley de Educación del estado, publicada en el mes de abril, señala que las instituciones deben resguardar los teléfonos y devolverlos al término de las clases, la Secretaría busca transitar hacia un esquema de restricción absoluta en los accesos de los planteles.
Para que la determinación entre en vigor formalmente, el funcionario estatal puntualizó que la resolución definitiva deberá quedar integrada primero dentro del reglamento de la nueva legislación. La dependencia dispone de un periodo de 160 días hábiles para desahogar las mesas de trabajo obligatorias, realizar análisis comparativos con normativas similares aplicadas en otras regiones y determinar los efectos que este tipo de regulaciones ejercen en los entornos de aprendizaje.
Analiza Educación prohibir celulares en escuelas de Nuevo León
A pesar de encontrarse en fase de revisión, Paura destacó que la restricción ya se aplicó de manera preventiva en algunas escuelas específicas durante los recientes episodios de contingencia, obteniendo resultados positivos en materia de control y contención. Asimismo, el secretario confirmó que la institución aplicó sanciones disciplinarias contra los estudiantes involucrados en las alertas del ciclo pasado y detalló que mantienen abiertos dos casos particulares para determinar las consecuencias administrativas conducentes.
Fuente: Tribuna