Monterrey, Nuevo León.– Con el objetivo de reforzar las políticas de gestión ambiental y mitigar el impacto de los residuos especiales en el estado, la Secretaría de Medio Ambiente de Nuevo León y la empresa Veolia Environnement S.A. formalizaron un convenio de colaboración. A través de este acuerdo, se garantizará que las pilas usadas depositadas en los contenedores especiales de las oficinas gubernamentales reciban un tratamiento y disposición final adecuados, evitando que sean trasladadas a rellenos sanitarios comunes o terminen en el entorno natural.
El titular de la Secretaría de Medio Ambiente, Raúl Lozano Caballero, subrayó la trascendencia de este acuerdo en el marco de la preservación de los recursos naturales de la entidad. “Este convenio representa un paso firme hacia una gestión responsable de los residuos que generamos como sociedad. No se trata solo de instalar contenedores, sino de asumir un compromiso real con el cuidado del agua, el suelo y la salud de las y los nuevoleoneses“, señaló el funcionario durante el acto protocolario.
Las autoridades y representantes de la firma ambiental recordaron que el desecho incorrecto de baterías representa un riesgo latente y en ocasiones subestimado para los ecosistemas. Según datos técnicos expuestos en el encuentro, una sola pila convencional tiene la capacidad de contaminar hasta 600 mil litros de agua debido a la presencia de componentes como mercurio, plomo, cadmio y litio. Cuando estos dispositivos son mezclados con la basura doméstica tradicional, sus carcasas sufren procesos de oxidación que provocan la liberación de sustancias tóxicas, las cuales se filtran degradando la calidad del suelo y amenazando la pureza de los mantos acuíferos locales.
Con la puesta en marcha de esta alianza, la administración estatal busca resolver dicha problemática mediante una cadena de custodia segura y certificada. La Secretaría de Medio Ambiente enfatizó que esta iniciativa complementa las acciones que impulsa la dependencia en favor de una gestión integral de residuos conforme a la legislación ambiental vigente, destacando que la vinculación entre el sector público y la iniciativa privada es una herramienta clave para alcanzar un modelo de desarrollo sustentable en la región.
Fuente: Tribuna