Ciudad de México.- La Fiscalía General de la República informó sobre un presunto esquema de huachicol fiscal que vincula a la empresa Ingemar, en la cual Ernesto N aparece como accionista. Las autoridades federales detallaron las operaciones de contrabando de combustible que habrían funcionado a través de esta estructura empresarial.
¿Cuál era la estructura del esquema identificado?
La FGR reveló que Ingemar operaba como la entidad central en el presunto sistema de desviación de combustible. Ernesto N, exgobernador de Baja California, mantendría participación accionaria en la empresa. Las investigaciones federales documentaron movimientos de recursos y operaciones logísticas asociadas a la comercialización irregular de gasolina y diésel.
Los registros administrativos de la Fiscalía establecen que la empresa funcionaba con certificaciones y permisos que habrían sido utilizados de manera irregular. Terceros participaban en la cadena de distribución del combustible hurtado al Estado. Los investigadores identificaron múltiples puntos de venta donde se comercializaba el producto contrabandeado.
Documentos contables incautados muestran transacciones que no correspondían con movimientos legítimos de mercancía. Los montos involucrados en las operaciones mensuales alcanzaban cifras significativas en la transferencia de recursos. Personal administrativo y operativo de Ingemar coordinaba la logística de distribución hacia diferentes estados.
¿Qué acciones ha tomado la Fiscalía ante estos hallazgos?
Las autoridades federales han iniciado procesos investigativos amplios para esclarecer la participación de cada involucrado. Ernesto N enfrenta acusaciones por su vinculación con este esquema de contrabando de combustible. La FGR continúa recopilando pruebas documentales y testimonios de personas que participaron en las operaciones.
Órdenes de aprehensión han sido solicitadas contra los operadores identificados dentro de la red. Las cuentas bancarias asociadas a Ingemar permanecen bajo monitoreo por las autoridades competentes. Bienes inmuebles y activos vinculados a los investigados han sido asegurados como parte de los procedimientos legales.
La Fiscalía precisó que el esquema habría causado pérdidas patrimoniales sustanciales a Petróleos Mexicanos. El desvío de combustible se realizaba mediante la alteración de documentación oficial y el falsificación de registros de ventas. Las investigaciones abarcan operaciones que se prolongaron durante varios años antes de su detección.
Las autoridades continúan identificando a cómplices dentro de la cadena de suministro de combustible. Colaboradores en dependencias públicas están siendo investigados por posible colusión. El caso ha generado solicitudes de colaboración entre autoridades estatales y federales para el esclarecimiento completo de los hechos.
Fuente: Tribuna