Ciudad de México.- La Secretaría Anticorrupción y Buen Gobierno, en coordinación con el Tribunal Federal de Justicia Administrativa (TFJA), sancionó a 34 servidores públicos de 17 dependencias federales por diversas faltas graves. Las medidas incluyen multas por más de 1.8 millones de pesos, además de destituciones, suspensiones e inhabilitaciones.
Entre las dependencias involucradas se encuentran la Autoridad Educativa Federal en la Ciudad de México, la Secretaría de Agricultura y Desarrollo Rural (Sader), la Secretaría de Economía, la Procuraduría Federal del Consumidor (Profeco) y la Comisión Federal de Electricidad (CFE). Las resoluciones derivan de procedimientos administrativos por diversas irregularidades.
¿Cuáles fueron las faltas sancionadas?
La sanción más severa fue impuesta a José L., quien recibió una inhabilitación por 20 años tras ser encontrado responsable de acoso sexual contra dos estudiantes en 2020. El caso fue considerado una falta administrativa grave por las autoridades competentes.
En la Sader, varios exservidores públicos fueron sancionados por irregularidades en la entrega de apoyos de un programa gubernamental. Entre ellos destaca María H., quien fue inhabilitada por 15 años y deberá cubrir una multa de 140 mil pesos por su participación en los hechos.
¿Qué impacto buscan estas medidas?
Las investigaciones también alcanzaron a la Secretaría de Economía, donde María G. fue sancionada con 15 años de inhabilitación y una multa económica por irregularidades en el otorgamiento de licencias. En la Profeco, Araceli D. recibió sanciones por la presunta malversación de recursos destinados a viáticos.
La Secretaría Anticorrupción señaló que estas resoluciones buscan fortalecer la rendición de cuentas y enviar un mensaje de cero tolerancia a las conductas que vulneren la legalidad y el correcto manejo de los recursos públicos.
La dependencia reiteró que continuará promoviendo acciones para combatir la corrupción y aseguró que los procedimientos de investigación y sanción seguirán avanzando con el objetivo de transparentar la gestión gubernamental y garantizar que los servidores públicos actúen con apego a la ley y a los principios de ética en el servicio público.
Fuente: Tribuna