París, Francia.- Al menos 114 países han implementado mecanismos para regular el uso de redes sociales y dispositivos digitales entre niños y adolescentes, de acuerdo con el Informe de Seguimiento de la Educación en el Mundo (GEM) de la Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura (Unesco) presentado este miércoles 22 de julio.

Entre las medidas más comunes se encuentra la prohibición del uso de teléfonos celulares en las escuelas, así como restricciones de acceso por edad y herramientas de control parental. El objetivo es reducir los riesgos asociados al uso excesivo de plataformas digitales y proteger la salud mental de la población infantil y juvenil.

Restricciones buscan proteger a menores

El informe señala que diversos países han fortalecido sus políticas de regulación ante la creciente preocupación por el impacto de las redes sociales en el bienestar emocional de los menores. Entre las acciones más utilizadas destacan la verificación de identidad, los controles parentales y los límites de acceso por edad. En los últimos meses, naciones como Australia y Francia han impulsado marcos legales para reforzar la protección de los usuarios más jóvenes en entornos digitales.

Unicef pide equilibrio en las medidas

El Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia (Unicef) advirtió que las estrategias regulatorias no deben limitarse únicamente a prohibiciones. En sus recomendaciones de política pública de 2025, el organismo subrayó que las medidas deben mitigar riesgos, pero también fortalecer los beneficios que las plataformas digitales ofrecen, como el aprendizaje, la comunicación, el entretenimiento y la autoexpresión. Además, destacó la importancia de incluir a niñas, niños y adolescentes en el diseño de estas políticas públicas.

Alertan sobre posibles efectos negativos

Unicef señaló que las restricciones excesivas podrían generar consecuencias no deseadas, como limitar el acceso a contenidos educativos, información sobre salud o comunidades de apoyo. El organismo también advirtió que este tipo de medidas puede reducir los incentivos para que las empresas desarrollen espacios digitales más seguros y empujar a los menores hacia plataformas con menor regulación. Asimismo, destacó que las limitaciones podrían afectar con mayor intensidad a menores que viven en zonas rurales o en condiciones de vulnerabilidad, quienes dependen de Internet para acceder a recursos educativos y sociales.

 

Fuente: Tribuna