Monterrey, Nuevo León.– El estado de Nuevo León oficializó la entrada en vigor de la reforma legal que tipifica como robo equiparado la no devolución de vehículos obtenidos mediante contratos de arrendamiento. La medida, publicada en el Periódico Oficial del Estado tras ser impulsada por el diputado local de Movimiento Ciudadano, José Luis Garza, busca frenar el vacío legal que permitía a personas incumplir con la entrega de las unidades para posteriormente comercializarlas de forma ilegal o desmantelarlas para la venta de autopartes.
El proyecto surgió a partir de mesas de trabajo establecidas con la Asociación Mexicana de Arrendadoras de Vehículos (AMAVe), donde se identificaron afectaciones financieras tanto para las empresas del sector como para la ciudadanía. Al respecto, el legislador promotor señaló que las unidades retenidas indebidamente solían venderse al público con documentación alterada, lo que ocasionaba pérdidas patrimoniales a compradores de buena fe que adquirían los vehículos sin conocer su procedencia ilícita.
Por parte de la iniciativa privada, el presidente de la AMAVe, Fernando Noriega, reconoció la labor del Congreso local al señalar que la aprobación de la norma posiciona a la entidad como un referente nacional en materia de protección patrimonial, al tiempo que exhortó a otras legislaturas estatales a replicar este modelo normativo. Asimismo, el marco legal busca dotar a las autoridades de procuración de justicia de herramientas jurídicas más precisas para la persecución penal de estas conductas fraudulentas.
En representación de la Fiscalía General de Justicia del Estado, Michael Gustavo Núñez Torres, director general de Derechos Humanos y Análisis Normativo de la Vicefiscalía Jurídica, destacó la coordinación entre el Poder Legislativo, las instituciones públicas y el sector privado para la consolidación de la ley. El funcionario enfatizó que la construcción de marcos normativos a través del diálogo institucional permite resolver problemáticas operativas reales y fortalece la confianza ciudadana en los procesos de persecución de estos delitos en el estado.
Fuente: Tribuna