Monterrey, Nuevo León. — Ante el constante incremento de percances y víctimas mortales en la Carretera Nacional, legisladores locales y federales presentaron un exhorto dirigido a los municipios de Monterrey, Santiago, Allende, Montemorelos, Hualahuises y Linares para que gestionen la municipalización de los tramos correspondientes a sus áreas urbanas.

La iniciativa busca otorgar facultades operativas a las administraciones municipales para intervenir directamente en la arteria vial mediante el despliegue de infraestructura de seguridad y una mayor presencia de tránsito, ante lo que calificaron como una escasa vigilancia por parte de la Guardia Nacional y de la Secretaría de Infraestructura, Comunicaciones y Transportes (SICT).

La diputada local de Movimiento Ciudadano, Sandra Pámanes, subrayó que la medida pretende “pacificar” la vialidad ante el carácter crítico de los accidentes registrados durante los fines de semana. Señaló que las supervisiones esporádicas y los radares de velocidad han resultado insuficientes, por lo que es indispensable que los ayuntamientos asuman la responsabilidad legal de los trayectos urbanos.

Plantean municipalizar la Carretera Nacional para frenar siniestros viales en la zona sur

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De acuerdo con cifras operativas presentadas en la propuesta, los municipios de Monterrey y Santiago registran de manera conjunta 13 fallecimientos por siniestros viales, mil 094 accidentes y 80 personas lesionadas en lo que va del año. Santiago encabeza la estadística de mortalidad con siete decesos, mientras que Monterrey contabiliza seis.

Al respecto, la diputada federal Iraís Reyes argumentó que los municipios deben formalizar convenios de resguardo con la SICT —similares a los esquemas previamente aplicados por la administración regiomontana— para ejecutar las obras viales necesarias y reforzar el patrullaje preventivo.

Por su parte, el diputado local del PRI, Javier Caballero, planteó la necesidad de construir un reglamento de tránsito homologado entre los municipios involucrados que contemple un endurecimiento de las sanciones para los conductores que excedan los límites de velocidad, además de la instalación de dispositivos de control, muros de contención divisores y señalética adecuada en las zonas que actualmente carecen de supervisión.

Fuente: Tribuna