Buenos Aires, Argentina.- El gobierno del presidente Javier Milei publicó este jueves 30 de julio de 2026 un Decreto de Necesidad y Urgencia (DNU) que endurece la política migratoria de Argentina al establecer nuevas causales para impedir el ingreso y, en determinados casos, expulsar a extranjeros que promuevan mensajes de odio, discriminación o violencia contra el pueblo argentino por motivos de nacionalidad. La medida también contempla sanciones para quienes participen en actos considerados como ultraje a los símbolos patrios, como la bandera, el escudo o el himno nacional.
¿Qué cambia con el nuevo decreto?
La disposición modifica la Ley de Migraciones para otorgar mayores facultades a las autoridades migratorias. Entre las nuevas causales se incluye el rechazo del ingreso de personas que hayan difundido discursos de odio o incitado a la violencia contra Argentina o sus ciudadanos. Además, quienes ya cuenten con residencia en el país podrán perder ese beneficio si se determina que incurrieron en dichas conductas. El gobierno aclaró que cada expediente será analizado de manera individual antes de emitir una resolución.
Gobierno justifica la medida
La Oficina del Presidente de la República Argentina (OPRA) informó que la decisión responde a las recientes manifestaciones de hostilidad dirigidas contra el país y su población. Según el Ejecutivo, el objetivo es fortalecer las herramientas legales para proteger el orden público, la identidad nacional y los símbolos patrios. El decreto también busca prevenir actos que puedan considerarse ofensivos contra los valores e instituciones del Estado argentino.
Nuevas reglas para residentes y visitantes
Con la entrada en vigor del DNU, las autoridades migratorias podrán iniciar procedimientos administrativos para cancelar residencias y ejecutar expulsiones cuando existan elementos que acrediten la promoción de mensajes de odio o actos de violencia. La administración de Javier Milei sostuvo que estas modificaciones forman parte de una estrategia para reforzar la seguridad y garantizar el respeto a la legislación argentina, en un contexto de mayor vigilancia sobre el cumplimiento de las normas migratorias.
Fuente: Tribuna