Monterrey, Nuevo León. — El Poder Judicial del Estado de Nuevo León presentó su Informe de Actividades Jurisdiccionales y Presupuestales correspondiente al periodo 2025-2026, documento en el que destacó la incorporación formal de herramientas de inteligencia artificial, la reducción en los tiempos de agendamiento de audiencias en materia penal y laboral, así como la distribución del gasto público asignado para su funcionamiento. Durante el acto protocolario, la magistrada presidenta del Tribunal Superior de Justicia y del Consejo de la Judicatura, Laura Perla Córdova Rodríguez, señaló que el objetivo central de la gestión institucional consistió en identificar los cuellos de botella operativos para hacer más eficiente la tramitación de expedientes y la resolución de controversias jurídicas.
En lo relativo al ejercicio financiero comprendido entre agosto de 2025 y julio de 2026, el organismo judicial ejerció un presupuesto total superior a los 3 mil 600 millones de pesos. De acuerdo con la información desglosada por la titular del Poder Judicial estatal, la mayor parte de los recursos, equivalente al 70 por ciento del presupuesto total, fue asignada al rubro de capital humano. Este concepto abarca las percepciones salariales y prestaciones de escribientes, asistentes jurídicos, personal administrativo, técnicos, así como de los jueces y magistrados que integran los diferentes órganos jurisdiccionales de la entidad.
En lo correspondiente a la operación continua del sistema de justicia, se canalizó un 27 por ciento del presupuesto al sostenimiento de salas de segunda instancia, juzgados de primera instancia, centros de convivencia familiar, unidades de apoyo técnico, sistemas de información y servicios generales. Este porcentaje permitió garantizar la continuidad de la atención ciudadana y la tramitación de procesos durante el ciclo anual. Por otra parte, las obras de infraestructura y acondicionamiento destinadas a optimizar la atención a los usuarios representaron el 2 por ciento del gasto ejercido, mientras que el 1 por ciento restante se destinó a labores de mantenimiento preventivo y correctivo de los inmuebles judiciales distribuidos en los distintos distritos de la entidad.
En el ámbito de la modernización tecnológica y la eficiencia procesal, Córdova Rodríguez enfatizó la implementación de soluciones basadas en inteligencia artificial diseñadas para agilizar la gestión de los expedientes. Como resultado de la reestructuración de los flujos de trabajo y la adopción de estas tecnologías, el tiempo promedio para el agendamiento de audiencias en materia penal disminuyó de cuatro a dos meses. De igual manera, se reportó una reducción en los plazos de tramitación dentro de los juzgados laborales, área en la que se buscó abatir los tiempos de respuesta desde la recepción de demandas hasta la programación de diligencias.
Paralelamente al despliegue de las nuevas tecnologías, las plataformas digitales consolidadas mostraron un volumen de actividad constante. Entre el 1 de agosto de 2025 y el 31 de mayo de 2026, el sistema del Tribunal Virtual de Nuevo León registró un total de 5 millones 884 mil 669 inicios de sesión por parte de litigantes, partes procesales y personal judicial, lo que consolida la consulta remota y el seguimiento digital de los juicios en la entidad.
El informe ofreció además una radiografía sobre la composición demográfica y la distribución por género dentro de la institución. En la actualidad, el Poder Judicial del Estado cuenta con una plantilla activa de 2 mil 461 servidores públicos. Del total del personal, el 54 por ciento corresponde a mujeres y el 46 por ciento a hombres. En lo que respecta a la función juzgadora de primera instancia, se contabilizan 151 jueces, cuya distribución corresponde a un 62 por ciento de hombres y un 38 por ciento de mujeres. Por su parte, la integración del pleno de magistrados del Tribunal Superior de Justicia mantiene una proporción paritaria, conformada por ocho magistradas y ocho magistrados.
A pesar de los avances reportados en materia de digitalización y reducción de plazos, la magistrada presidenta reconoció que el Poder Judicial enfrenta un déficit estructural en la cobertura de juzgadores en proporción con el número de habitantes del estado. Córdova Rodríguez refirió que los indicadores internacionales sugieren una densidad idónea de 3.9 jueces por cada 100 mil habitantes, mientras que Nuevo León dispone actualmente de una tasa de 2.5 jueces por cada 100 mil personas, lo que evidencia la necesidad de ampliar el número de juzgados y plazas para atender el crecimiento en la demanda de servicios de justicia.
En este contexto, la titular del órgano judicial recordó que para el ejercicio fiscal 2026 se elaboró una propuesta presupuestal por un monto de 4 mil 300 millones de pesos, con la finalidad de cubrir las vacantes requeridas e implementar sistemas inteligentes de mayor alcance. Sin embargo, dicho proyecto no fue aprobado en esos términos por el Congreso del Estado, por lo que la institución debió operar con los márgenes financieros autorizados.
Finalmente, la magistrada presidenta puntualizó que la disponibilidad de recursos humanos y financieros será un factor clave ante la entrada en vigor de diversas reformas legislativas, las cuales exigirán inversiones adicionales para la adaptación de procesos y la transición operativa. Córdova Rodríguez concluyó su intervención reconociendo la labor desarrollada por el personal administrativo y jurisdiccional, al tiempo que reiteró que los avances alcanzados responden al esfuerzo conjunto por mantener la operatividad institucional a pesar de las limitaciones presupuestarias.
Fuente: Tribuna