Monterrey, Nuevo León. — A pesar de que el marco legal establece el 20 de noviembre como la fecha límite para que el Poder Ejecutivo del Estado presente formalmente la propuesta del Paquete Fiscal 2027, en el Congreso de Nuevo León ha comenzado a elevarse el tono de la discusión política respecto a la viabilidad financiera del próximo ejercicio presupuestal. La confrontación anticipada entre la bancada mayoritaria de oposición y el grupo legislativo oficialista vuelve a colocar en el centro del debate la gobernabilidad económica y el equilibrio institucional de la entidad.
El choque de posturas ocurre en un contexto marcado por el rezago en la consolidación del gasto correspondiente al año 2026. La falta de acuerdos definitivos sobre el presupuesto previo ha generado discrepancias de fondo en la distribución de recursos para obras de infraestructura, participaciones municipales y el fortalecimiento de los organismos autónomos. Ante este escenario, diversos actores políticos prevén un proceso de negociación sumamente complejo, condicionado tanto por los diferendos acumulados en los últimos ejercicios como por el arranque del ciclo político electoral de 2027.
Por parte de la oposición, los coordinadores de los grupos parlamentarios del Partido Acción Nacional (PAN), Carlos de la Fuente Flores, y del Partido Revolucionario Institucional (PRI), Heriberto Treviño Cantú, externaron que las condiciones actuales dificultan la proyección de un acuerdo presupuestal armónico. Entre los principales argumentos expresados por los legisladores de oposición destaca la falta de nombramiento formal de un titular al frente de la Tesorería General del Estado, situación que, a su juicio, proyecta desconfianza e incertidumbre técnica en la gestión del gasto público.
Desde la perspectiva del grupo parlamentario de Acción Nacional, las negociaciones presupuestales previas han fracasado debido a lo que consideran una intención reiterada por parte del Ejecutivo estatal de ejercer un control centralizado sobre la asignación y ministración de los fondos estatales. De igual manera, desde la representación priista se ha enfatizado que la ausencia de la figura del Tesorero debidamente ratificado ante el Poder Legislativo constituye una irregularidad institucional que entorpece el análisis técnico necesario para examinar cualquier proyección de ingresos y egresos.
En respuesta a los señalamientos de los partidos de oposición, la bancada de Movimiento Ciudadano (MC) descalificó los posicionamientos del PRI y del PAN, al calificarlos como una actitud pesimista, extemporánea y carente de sustento legal. La vicecoordinadora de la fracción de MC, Sandra Pámanes Ortiz, cuestionó que los grupos opositores pretendan desestimar o dar por caducado un paquete presupuestal que ni siquiera ha concluido su proceso de elaboración técnica ni ha sido entregado a la Oficialía de Partes del Poder Legislativo.
Pámanes Ortiz aseveró que dar por cerrado el diálogo de forma previa a los plazos constitucionales representa un desistimiento de las responsabilidades legislativas en materia hacendaria. Asimismo, la diputada realizó un llamado directo a las diversas cámaras empresariales del estado —tales como Caintra, Coparmex y Canaco—, así como a las organizaciones de la sociedad civil, para que den seguimiento estrecho al comportamiento de las distintas fracciones parlamentarias e insten a los legisladores a priorizar el desarrollo económico e institucional de Nuevo León por encima del cálculo político partidista.
Por su parte, la postura emanada del Poder Ejecutivo estatal ha sido crítica hacia el desempeño de la mayoría opositora en el recinto legislativo. El gobernador Samuel García Sepúlveda ha reiterado que las bancadas del PRI y PAN se han constituido como un freno sistemático para los proyectos de inversión pública de la administración estatal. El mandatario advirtió que una desaprobación o falta de consenso preventivo sobre el Paquete Fiscal 2027 podría derivar en un escenario prolongado de restricciones y reconducción presupuestal, afectando por quinto año consecutivo la planeación financiera ordinaria de la entidad.
Analistas de finanzas públicas y derecho constitucional en el estado coinciden en que la recurrencia de la reconducción presupuestal —mecanismo mediante el cual el Estado opera con el presupuesto aprobado en ejercicios anteriores ajustado por índices inflacionarios— genera limitaciones operativas en partidas estratégicas, como los proyectos de ampliación de la red del Metro, las transferencias financieras a los 51 municipios de la entidad y la asignación de recursos extraordinarios para salud y seguridad.
A medida que se aproxima la fecha de entrega formal del paquete económico en noviembre, las fuerzas políticas en el Congreso de Nuevo León continúan distantes de una mesa de negociación técnica, mientras la ciudadanía y los sectores productivos observan con reserva un conflicto institucional que amenaza con extender la parálisis presupuestal hasta el cierre del sexenio.
Fuente: Tribuna