Ciudad de México.- La Secretaría de Educación Pública (SEP) informó que las escuelas que actualmente operan bajo un modelo militarizado o castrense podrán acceder a un proceso de regularización para continuar ofreciendo servicios educativos, siempre que modifiquen su esquema de enseñanza y se ajusten al marco legal vigente.
La medida aplicará de cara al ciclo escolar 2026-2027, luego de que la dependencia reiteró que esta modalidad no está contemplada en la legislación educativa mexicana. El anuncio se produce tras el caso de Dafen Zapata, cuyo fallecimiento en un plantel de este tipo motivó una revisión de estos centros educativos.
Mario Delgado reitera que el modelo no es legal
Durante la Sexagésima Séptima Reunión Nacional Plenaria Ordinaria 2026 del Consejo Nacional de Autoridades Educativas (Conaedu), la titular de la SEP, Mario Delgado, explicó que la educación militar únicamente corresponde a instituciones como el Ejército, la Marina y la Guardia Nacional. Precisó que los colegios privados podrán adaptar sus planes académicos a un modelo basado en valores cívicos y ciudadanos, sin utilizar conceptos o prácticas propias del ámbito castrense.
Planteles deberán cumplir con la legislación
El funcionario enfatizó que el objetivo de esta disposición no es reducir la oferta educativa, sino garantizar que todos los centros escolares operen conforme a la ley. Asimismo, advirtió que las escuelas donde se acrediten actos de maltrato, abuso o cualquier conducta que vulnere los derechos de niñas, niños y adolescentes serán sancionadas conforme a la normativa vigente. La SEP también solicitó a las autoridades educativas estatales acompañar el proceso de regularización e informar oportunamente a las familias.
Habrá suspensión para quienes incumplan
La dependencia recordó que, a partir del próximo ciclo escolar, cualquier institución que continúe operando bajo la modalidad militarizada podrá ser suspendida y enfrentar procedimientos administrativos que podrían derivar en su clausura definitiva. Con estas acciones, la SEP busca fortalecer la protección de los derechos de los estudiantes y asegurar que todos los planteles educativos funcionen bajo criterios establecidos por la legislación nacional.
Fuente: Tribuna