Monterrey, Nuevo León.- La tensión entre el Poder Ejecutivo de Nuevo León, el Congreso de la Unión y el Poder Legislativo Local sumó un nuevo capítulo este 6 de agosto de 2026, luego de que la Comisión Permanente del Congreso de la Unión avalara un punto de acuerdo en el que solicita a la Fiscalía General de Justicia del Estado de Nuevo León (FGJNL) investigar presuntos esquemas de triangulación de recursos públicos y gastos de propaganda vinculados al gobernador Samuel García Sepúlveda.

La propuesta, impulsada inicialmente por integrantes de la bancada del partido Morena y dictaminada por la Primera Comisión de Asuntos Políticos e Internacionales, fue ratificada por el pleno federal dentro de un paquete de 40 exhortos parlamentarios que se votaron sin debate previo. En la resolución aprobada, las y los legisladores federales instaron a la fiscalía estatal a conducir las investigaciones bajo principios de imparcialidad, profesionalismo, debido proceso y presunción de inocencia.

El documento del Congreso de la Unión señala la existencia de supuestos depósitos directos e indirectos hacia despachos jurídicos privados e intermediarios presuntamente relacionados con servidores públicos de alto nivel dentro del gobierno de Nuevo León. Asimismo, en los argumentos del dictamen se contemplan señalamientos derivados de revisiones de la Auditoría Superior de la Federación (ASF), las cuales mantienen observaciones pendientes de aclaración por montos acumulados que superan los 4 mil millones de pesos. Ante estos elementos, el órgano legislativo federal determinó indispensable que la representación social determine si existen responsabilidades penales o administrativas.

La respuesta del mandatario estatal

Horas después de difundirse la determinación legislativa, el gobernador Samuel García Sepúlveda fijó su postura mediante un mensaje en video publicado en sus redes sociales, donde sostuvo que el asunto objeto del exhorto carece de sustento jurídico reciente y responde a una estrategia de desgaste político.

El mandatario estatal reaccionó a la cobertura de medios de comunicación de circulación nacional y local sobre el tema, señalando que la denuncia original surgió durante el proceso electoral de 2024 por iniciativa de diputadas de las bancadas del PRI y del PAN en el Congreso de Nuevo León. García Sepúlveda argumentó que la investigación correspondiente ya fue desahogada por la Fiscalía General de Justicia del Estado, la cual notificó en agosto de 2025 la resolución de no ejercicio de la acción penal, al concluirse que no se acreditó daño patrimonial alguno.

De acuerdo con la explicación brindada por el Ejecutivo estatal, las erogaciones señaladas correspondieron a pagos por servicios jurídicos efectivamente prestados por el despacho de su familia en relación con una auditoría administrativa que data del año 2015, periodo previo a su ingreso a la función pública como legislador local en agosto de ese mismo año.

García Sepúlveda enfatizó que la legalidad del procedimiento fue respaldada por diversas instancias técnicas y fiscales de distintos órdenes de gobierno: las autoridades del Estado de Puebla —lugar donde el contribuyente involucrado fijó su domicilio fiscal—, el Servicio de Administración Tributaria (SAT), la Fiscalía Especializada en Combate a la Corrupción local y la propia Auditoría

Superior de la Federación en la revisión del ejercicio fiscal 2022, sin que se hayan determinado observaciones graves o causales de sanción.
A juicio del mandatario, al haberse solventado los requerimientos por la vía penal y administrativa, el planteamiento de un juicio político o un nuevo exhorto de revisión vulnera el principio jurídico de cosa juzgada, al pretender investigar en repetidas ocasiones a un ciudadano por los mismos hechos.

 

Conflicto por el Presupuesto de Egresos

A la controversia por la fiscalización de los fondos se suma el diferendo mantenido entre el Ejecutivo estatal y el Congreso del Estado de Nuevo León respecto a la aprobación del Presupuesto de Egresos. Samuel García acusó reiteradamente a las bancadas opositoras del PRI y del PAN en la legislatura local de mantener bloqueada la aprobación presupuestal para los ejercicios fiscales recientes y de cara a la discusión del paquete 2027.

En declaraciones realizadas durante un acto público institucional, el gobernador afirmó que en cuatro de los cinco años de su gestión se ha carecido de un paquete económico consensuado debido a lo que definió como un freno deliberado por parte de los legisladores locales hacia proyectos de infraestructura prioritaria, entre ellos la construcción y ampliación de líneas del Sistema de Transporte Colectivo Metrorrey, obras carreteras, proyectos hídricos y programas sociales.

Por su parte, actores de la oposición y analistas políticos locales coinciden en que el estancamiento de las finanzas públicas no responde de forma exclusiva a una posición obstructiva del congreso, sino a la falta de acuerdos políticos duraderos y al desgaste en la relación institucional entre el gobierno del estado y los partidos representados en la cámara. La constante falta de consenso ha derivado en la aplicación de mecanismos de reconducción presupuestal en la entidad, esquema que diversos especialistas financieros señalan como un factor que limita la planeación a largo plazo y la asignación transparente de recursos extraordinarios.

Mientras el Congreso de la Unión mantiene la exigencia de que se esclarezcan minuciosamente los señalamientos de triangulación de recursos y el uso de fondos públicos en materia publicitaria, la administración estatal insiste en que las denuncias han quedado jurídicamente sin efecto y hace un llamado a la legislatura local para sesionar prioritariamente en torno a la agenda económica y social del estado.

Fuente: Tribuna