Monterrey, Nuevo León. — El Congreso del Estado de Nuevo León comenzó la evaluación formal de los mecanismos jurídicos y administrativos para concretar la desaparición del Instituto Estatal de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales (INFONL), con el objetivo de trasladar de manera ordenada sus facultades operativas y normativas a la Contraloría General del Estado. Este proceso responde al fallo emitido por la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), cuya ejecutoria fue publicada en el Diario Oficial de la Federación en julio, mediante la cual se mandató al Poder Legislativo local a armonizar el marco legal de la entidad con las disposiciones constitucionales vigentes en materia de transparencia a nivel federal.
Ante la obligatoriedad de la sentencia del máximo tribunal del país, representantes de las distintas bancadas partidistas manifestaron su disposición para avanzar en la reforma constitucional y legal correspondiente durante el periodo ordinario de sesiones que iniciará el 1 de septiembre y concluirá el 20 de diciembre de 2026. La presidenta de la Mesa Directiva del Congreso, la diputada Itzel Castillo, confirmó que ha sostenido reuniones de trabajo con la comisionada presidenta del INFONL, Brenda González, a fin de trazar una ruta de entrega-recepción que garantice la salvaguarda de los archivos, sistemas de información y procedimientos en curso mientras se define el modelo institucional definitivo.
El legislador integrante de la bancada del Partido Revolucionario Institucional (PRI), Javier Caballero, enfatizó que la prioridad de la soberanía estatal radica en dar cumplimiento oportuno al mandato judicial, asegurando que la migración técnica de la Plataforma Estatal de Transparencia y los recursos administrativos no afecte el ejercicio del derecho de acceso a la información pública. Precisó que las distintas comisiones parlamentarias se encuentran enriqueciendo diversos proyectos para estructurar una transición ordenada que cuide todos los aspectos presupuestales y normativos.
En la misma línea, la coordinadora de la bancada de Movimiento Ciudadano, Sandra Pámanes, subrayó que la extinción formal del órgano autónomo debe quedar consolidada en el texto legal antes del cierre del año, impidiendo la asignación de recursos públicos para el INFONL en el Presupuesto de Egresos de 2027. La legisladora explicó que el mandato de la SCJN exige adscribir las funciones sustantivas a la Contraloría Estatal, aunque acotó que el Congreso conserva facultades para discutir iniciativas complementarias que integren mecanismos de participación ciudadana y mantengan la efectividad de la fiscalización interna en la administración pública.
La resolución de la Suprema Corte vincula de manera directa a la legislatura de Nuevo León para que actúe a más tardar en el periodo ordinario inmediato a la notificación formal de la ejecutoria. Con ello, las fuerzas políticas representadas en el Congreso estatal deberán elaborar los dictámenes de reforma constitucional y de la Ley Orgánica de la Administración Pública local para formalizar la sustitución institucional antes de la fecha límite establecida para el mes de diciembre de 2026.
Fuente: Tribuna