Monterrey, Nuevo León. — Con el objetivo de mitigar la saturación de las redes de drenaje sanitario en la zona metropolitana y fomentar una gestión eficiente de los recursos hídricos en el sector productivo, el Congreso del Estado de Nuevo León recibió una propuesta de reforma legislativa orientada a que las empresas e industrias privadas cuenten con la facultad legal de instalar y operar sus propias plantas tratadoras de aguas residuales dentro de sus instalaciones.

La iniciativa, impulsada por el coordinador de la bancada del Partido Acción Nacional (PAN), Carlos de la Fuente, plantea modificaciones sustanciales a la Ley de Agua y Drenaje de Nuevo León. El proyecto contempla crear un marco normativo que permita a los particulares adquirir directamente el agua en estado crudo —es decir, proveniente de la red de drenaje sanitario— para llevar a cabo procesos internos de tratamiento y posterior reutilización en sus ciclos industriales, disminuyendo la dependencia del suministro público de agua potable y tratada por los organismos estatales.

De acuerdo con los argumentos presentados en el proyecto legislativo, la infraestructura actual del drenaje sanitario en diversos municipios con alta presencia industrial enfrenta serias complicaciones por saturación. Esto ha derivado en filtraciones recurrentes y desbordamientos hacia los canales pluviales naturales de la ciudad, ocasionando problemas ambientales y de salud pública en los sectores aledaños a las cuencas urbanas.

En particular, el legislador señaló la problemática ambiental que prevalece en cauces del área metropolitana, como el Arroyo del Topo Chico en el municipio de San Nicolás de los Garza, el cual registra desbordamientos constantes de aguas negras y la generación de olores fétidos que afectan a las comunidades vecinales. La propuesta busca que las grandes compañías ubicadas en ese corredor industrial adquieran el insumo en crudo de la red de alcantarillado, asumiendo el costo de la infraestructura de purificación para convertirlo en un insumo operativo de segundo uso.

Bajo este esquema operativo, las empresas privadas interesadas asumirían la inversión correspondiente a la construcción, equipamiento y mantenimiento de sus propias plantas de tratamiento. A cambio, obtendrían el beneficio de adquirir el agua residual a una tarifa diferenciada para procesarla de manera autónoma, reduciendo el gasto de adquisición de agua tratada que comercializan los organismos públicos descentralizados del estado.

La propuesta legislativa fue remitida a las comisiones dictaminadoras del Congreso local para su análisis, discusión y posterior elaboración del dictamen correspondiente, en medio de las discusiones vigentes sobre la sostenibilidad hídrica y el fortalecimiento de la infraestructura urbana en la entidad.

Fuente: Tribuna