Monterrey, Nuevo León. — La Fiscalía General de Justicia del Estado de Nuevo León emitió una advertencia sobre los severos riesgos operativos y de infraestructura que enfrentaría la institución en caso de que el Poder Ejecutivo y el Congreso local no logren concertar un presupuesto de egresos para el año 2027. La falta de certidumbre financiera, provocada por el constante estancamiento de las negociaciones entre las distintas fuerzas políticas del estado, pondría a la institución en un escenario de parálisis para la construcción y puesta en marcha de nuevas instalaciones destinadas a la atención ciudadana y al acceso a la justicia.
El fiscal general de Justicia del Estado, Javier Flores Saldívar, detalló que la ausencia de una partida presupuestal actualizada limitaría la capacidad de inversión de la dependencia a los fondos remanentes y al esquema de reconducción presupuestal que se ha tenido que implementar en ejercicios anteriores. Esta situación administrativa, aunque permite mantener la operatividad básica de las unidades existentes, resulta insuficiente para financiar proyectos de obra pública, expansión institucional y equipamiento de alto impacto para la población.
Entre las obras de infraestructura que se encuentran directamente comprometidas por esta contingencia presupuestal se ubican dos nuevos Centros de Justicia para la Mujer (CEJUM). Las proyecciones contemplan la edificación de una sede en el municipio de Guadalupe y otra en San Nicolás de los Garza, dos de los puntos urbanos con mayor demanda de servicios de protección, asistencia jurídica y atención psicológica para víctimas de violencia de género dentro del área metropolitana de Monterrey.
El panorama de incertidumbre se enmarca en un contexto de recurrente parálisis legislativa y administrativa en la entidad. La falta de consenso para aprobar el paquete fiscal amenaza con extenderse por tercer año dentro de la actual administración estatal, lo que consolidaría una dinámica de reconducción tácita que impide la asignación de recursos extraordinarios para programas prioritarios. Las partes involucradas en la negociación política prevén que el proceso de discusión para el paquete de 2027 enfrente entrampamientos similares a los de los años precedentes.
Flores Saldívar reiteró que, aunque la Fiscalía ha logrado sostener sus investigaciones y labores sustantivas adaptándose a los techos financieros del pasado, los planes de crecimiento físico no pueden ejecutarse sin un marco presupuestal formalmente aprobado. La edificación de los centros en Guadalupe y San Nicolás requeriría no solo capital para la obra civil, sino también partidas específicas para la contratación de personal especializado y la adquisición de tecnologías de soporte, insumos que quedan completamente descartados bajo un esquema de presupuesto reconducido.
Fuente: Tribuna