Monterrey, Nuevo León. — El panorama presupuestal en el estado de Nuevo León vuelve a internarse en un terreno de confrontación política e incertidumbre institucional. A medida que se aproxima la fecha límite para la discusión del Paquete Fiscal correspondiente al año 2027, las bancadas del Partido Revolucionario Institucional (PRI) y del Partido Acción Nacional (PAN) en el Congreso del Estado advirtieron sobre las severas complicaciones operativas y jurídicas que implicará negociar las partidas presupuestarias en ausencia de un titular formal al frente de la Secretaría de Finanzas y Tesorería General del Estado.
Actualmente, la dependencia encargada de la administración de las finanzas públicas estatales opera bajo la figura de un encargado de despacho. De acuerdo con legisladores de la oposición, esta condición temporal carece del respaldo institucional y la certeza jurídica plena que se requieren para entablar negociaciones de alto nivel entre el Poder Ejecutivo y el Poder Legislativo, especialmente en un contexto financiero que demanda certidumbre para la asignación de recursos a municipios, organismos autónomos y programas prioritarios.
El diputado Javier Caballero, integrante de la bancada del PRI, expuso que el Poder Legislativo ha mostrado disposición para desahogar el paquete presupuestal en ejercicios previos, al citar como antecedente la aprobación del presupuesto para el ejercicio 2026. Sin embargo, recordó que dicho proyecto fue vetado por el gobernador del Estado, Samuel García Sepúlveda, lo que obligó a recurrir a la figura de la reconducción presupuestal para mantener la operatividad gubernamental durante el presente año.
Caballero señaló que, para entablar un diálogo formal de cara al ejercicio fiscal 2027, resulta indispensable que el Ejecutivo envíe al Congreso una propuesta formal para ratificar o nombrar a un tesorero estatal definitivo. “Nosotros hemos estado aprobando proyectos o presentando iniciativas de proyectos presupuestales, pero el gobierno del Estado, si no es un traje a la medida y si no es con las condiciones que ellos plantean de manera unilateral, simplemente no lo acepta”, aseveró el legislador priista.
Diputado César Caballero (PRI)
Asimismo, el diputado del tricolor enfatizó que la figura interina actual se encuentra en el límite de los plazos y marcos previstos por la normativa vigente, por lo que urgió a regularizar la titularidad del despacho financiero. “En el discurso buscan cómo pasarle la responsabilidad al Congreso, pero para empezar no tenemos un tesorero, ni siquiera llega una propuesta de tesorero a este recinto. Tenemos un interinato en el límite de la ley y no se ve la voluntad tampoco de tener una figura legal tan importante como es la de la administración de los dineros estatales. Creo que el discurso es una cosa, pero la realidad está a la vista de toda la gente“, puntualizó Caballero.
Por su parte, la bancada del Partido Acción Nacional coincidió en que la falta de un funcionario designado formalmente y ratificado conforme a los mecanismos constitucionales locales representa el principal obstáculo para iniciar las mesas de trabajo técnicas. Representantes del grupo parlamentario panista indicaron que, aunque la aprobación de un presupuesto para 2027 no es una tarea imposible, las condiciones de interlocución se vuelven sumamente débiles e inestables al no contar con un interlocutor que posea el nombramiento definitivo y las facultades plenas otorgadas por la ley.
En contraposición a los señalamientos de la oposición, la coordinadora de la bancada de Movimiento Ciudadano (MC), la diputada Sandra Pámanes, rechazó tajantemente que la ausencia de un tesorero titular sea el verdadero motivo del entrampamiento presupuestal. La legisladora sostuvo que la postura del PRI y del PAN responde a una estrategia deliberada de desgaste político orientada a frenar los proyectos estratégicos de la administración estatal.
Pámanes argumentó que el bloque opositor ha mantenido una conducta sistemática de bloqueo institucional frente a las propuestas emanadas del Gobierno del Estado. “Quisiera que quedara muy claro quiénes son los que obstaculizan y quiénes son los que rompen inmediatamente el diálogo y el acuerdo entre dos poderes tan importantes como son el Ejecutivo y el Legislativo”, declaró la diputada de Movimiento Ciudadano. “En este caso es la bancada del PRIAN la que siempre está en esta posición de tratar de bloquear u obstaculizar cualquier decisión que se tome por parte del Ejecutivo estatal“.
La postura del grupo parlamentario de Movimiento Ciudadano se alinea con los señalamientos vertidos previamente por el gobernador Samuel García Sepúlveda, quien acusó de manera directa a los legisladores del PRI y del PAN de “ponerle el pie” de forma recurrente a las iniciativas e inversiones impulsadas por su administración. Dicha confrontación verbal se ha intensificado a medida que avanzan los meses y se acorta el margen de tiempo para preparar la planeación financiera del próximo año.
Uno de los puntos de mayor preocupación que rodea este estancamiento político radica en las implicaciones que la falta de un acuerdo presupuestal formal podría generar sobre el próximo proceso electoral y la estabilidad institucional del estado. Diversos actores políticos y sectores de la sociedad civil han advertido que la ausencia de un paquete fiscal aprobado para 2027 obligaría a recurrir nuevamente a la reconducción presupuestal, restringiendo los techos de gasto y la capacidad de asignación de partidas para el Instituto Estatal Electoral y de Participación Ciudadana de Nuevo León (IEEPCNL), así como para fondos municipales de infraestructura y seguridad.
El debate en torno a la Tesorería General del Estado saca a la luz las profundas diferencias metodológicas y políticas entre las fuerzas representadas en el Congreso de Nuevo León. Mientras que PRI y PAN condicionan el avance de las negociaciones a la presentación y eventual aprobación de un titular con perfil técnico y respaldo normativo, el Poder Ejecutivo y la bancada de Movimiento Ciudadano defienden la legalidad del esquema actual y acusan falta de voluntad política por parte del Poder Legislativo para llegar a consensos.
Con las posturas polarizadas y sin una fecha definida para la presentación de la propuesta de tesorero por parte del gobernador, el Congreso del Estado de Nuevo León encara un nuevo capítulo de estricta vigilancia institucional y tensión presupuestaria. El desenlace de este diferendo determinará si Nuevo León logra contar con un presupuesto formal consensuado para el año 2027 o si continuará bajo esquemas de reconducción financiera e intensas disputas entre los poderes del Estado.
Fuente: Tribuna