Monterrey, Nuevo León. — La Fiscalía General de Justicia del Estado de Nuevo León registró avances procesales significativos en diversas investigaciones complejas dirigidas a sancionar fraudes patrimoniales de alto impacto y delitos cometidos en plataformas digitales. Entre las acciones reportadas destacan la vinculación a proceso de un tercer presunto implicado en el quebranto financiero del fondo privado Grupo Peak, el estatus del beneficio penal solicitado por un procesado por extorsión en el caso ‘La Tía Paty’, y la reactivación de las órdenes de aprehensión y fichas internacionales de localización en contra de un exdirectivo de la firma desarrolladora Proyectos 9.
En relación con el expediente de Grupo Peak, la representación social logró la aprehensión y posterior vinculación a proceso de Héctor ‘N’, señalado por la autoridad ministerial como presunto director de operaciones de la compañía. Con esta resolución dictada por un juez de control, suman tres las personas formalmente procesadas por el esquema de captación patrimonial. La autoridad determinó imponer la medida cautelar de prisión preventiva al indiciado, con base en los elementos probatorios presentados durante la audiencia inicial.
A diferencia de los primeros implicados dentro de esta causa penal, la situación legal de Héctor ‘N’ presenta una particularidad: su imputación actual deriva del señalamiento directo de una sola víctima. Según explicó en conferencia de prensa el vicefiscal del Ministerio Público, Luis Enrique Orozco, la orden de captura ejecutada a finales de julio se originó tras el testimonio específico de un inversionista que identificó al imputado como un elemento operativo central en la estructura institucional de la firma.
Los hechos asentados en la carpeta de investigación señalan que, entre marzo de 2022 y octubre de 2023, la parte afectada realizó transferencias bancarias a una cuenta de Grupo Peak para la colocación de capital financiero bajo la promesa contractual de rendimientos. El conflicto patrimonial se formalizó en abril de 2024, cuando la empresa notificó a los clientes una asamblea extraordinaria para informar la imposibilidad de cumplir con los pagos pactados debido a una insolvencia que motivó el inicio de un proceso de concurso mercantil. En el caso particular de la denunciante, el daño reclamado asciende a 3 millones 750 mil pesos.
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La Fiscalía indicó que se mantiene abierta la línea de investigación para determinar si Héctor ‘N’ actuó con responsabilidad plena o bajo coacción laboral, pues la versión sobre su probable calidad de afectado dentro de la empresa no ha sido acreditada en el expediente. Mientras tanto, continúan vigentes las órdenes de aprehensión contra los socios fundadores, Víctor Hugo Sepúlveda y Arturo González. Sepúlveda, aprehendido previamente en España para su extradición, enfrenta el proceso en libertad tras obtener un amparo federal, mientras que González permanece prófugo. En su totalidad, la trama de Grupo Peak acumula 155 denuncias formales ante el Ministerio Público y un impacto económico estimado en 800 millones de pesos.
Por otra parte, el órgano procurador de justicia reportó que el proceso contra César ‘Pucho’ Lozano, detenido por su probable participación en el delito de extorsión a través de la plataforma digital conocida como ‘La Tía Paty’, mantendrá en pausa la resolución sobre su posible liberación. Lo anterior responde a que un juez de control frenó la aplicación del criterio de oportunidad promovido por la defensa y solicitado formalmente por un agente del Ministerio Público.
El fiscal general de Justicia de la entidad, Javier Flores Saldívar, aclaró que el beneficio legal no ha sido concedido de manera definitiva, ya que la institución se encuentra en una etapa de análisis técnico exhaustivo. En el mismo sentido, el vicefiscal Luis Enrique Orozco detalló que la autoridad jurisdiccional solicitó a la representación social integrar de forma más rigurosa el expediente para verificar que se aporten datos sustanciales y se prioricen la postura y restitución de derechos de las víctimas de extorsión. De tal forma, el imputado continuará encarcelado en tanto la Fiscalía responde a los requerimientos exigidos por el tribunal.
Finalmente, la Fiscalía confirmó que recobró plena vigencia la orden de aprehensión dictada en contra de Manuel Enrique ‘N’, exrepresentante y socio de la desarrolladora Proyectos 9, luego de que las autoridades judiciales revocaran la suspensión de amparo que lo protegía de una captura. Al ser considerado prófugo de la justicia, la Agencia Estatal de Investigaciones activó operativos de búsqueda local y nacional.
A nivel internacional, el vicefiscal Orozco confirmó que se tramitó la emisión de una ficha roja ante Interpol y la notificación de una alerta migratoria para evitar que el indiciado se traslade al extranjero. Este paso se suma a la situación procesal de su socio, José ‘N’ (identificado como José Lobatón), quien se encuentra recluido en un penal estatal. Para mitigar las pérdidas de los afectados por esta firma inmobiliaria, las autoridades han bloqueado diversas cuentas bancarias y prevén realizar ocho audiencias iniciales para desahogar 22 carpetas de investigación interpuestas contra la empresa.
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Fuente: Tribuna