Monterrey, Nuevo León. — Ante la creciente preocupación por los efectos negativos que el uso prolongado de dispositivos móviles y el acceso ininterrumpido a plataformas digitales ejercen sobre la salud mental y las habilidades cognitivas de la niñez y juventud, la diputada local por Monterrey, Lorena de la Garza, propuso abrir una mesa de debate formal en el Congreso del Estado de Nuevo León para analizar la posible restricción del uso de teléfonos celulares en los centros educativos de nivel básico y medio superior.
La legisladora argumentó que existen antecedentes internacionales relevantes en países donde ya se han promulgado legislaciones y políticas públicas orientadas a limitar o prohibir la presencia de teléfonos inteligentes dentro de las aulas. De acuerdo con De la Garza, la acumulación de evidencia científica y diagnósticos académicos a nivel global brinda un sustento suficiente para que el Poder Legislativo local comience a discutir medidas análogas adaptadas al contexto escolar del estado de Nuevo León.
No obstante, la congresista admitió abiertamente que la implementación de una restricción de esta naturaleza podría suscitar posturas encontradas y controversia pública tanto entre los propios estudiantes como entre las familias regiomontanas. Pese a este escenario, enfatizó que la responsabilidad institucional de los legisladores radica en velar por el bienestar integral y el desarrollo neurológico y emocional de las infancias, situando el interés superior de la niñez por encima de la popularidad o el costo político de una determinación de esa índole.
Como muestra de la complejidad social que envuelve el tema, la diputada relató una experiencia reciente ocurrida durante un encuentro juvenil en las instalaciones del Parque España, donde estudiantes de secundaria y preparatoria le expresaron de forma directa su inquietud y le solicitaron formalmente no impulsar iniciativas que prohíban el uso de sus dispositivos móviles dentro de los planteles educativos.
Con el propósito de encauzar la discusión de manera técnica y democrática, De la Garza planteó que cualquier eventual reforma legislativa deberá construirse a través de mesas de trabajo multidisciplinarias. Dichos foros deberán contar con la participación activa de personal docente, padres de familia, especialistas en psicología infantil, neurólogos y autoridades del sector educativo de la entidad. La legisladora concluyó que, de alcanzarse un consenso para legislar en la materia, la normativa resultante deberá ir acompañada de reglas de operación claras y planes de trabajo precisos para que los directivos de los planteles puedan aplicar la regulación sin entorpecer la convivencia escolar.
Fuente: Tribuna