Monterrey, Nuevo León. — Con el objetivo de poner un alto a las arbitrariedades y cobros indebidos en los puntos de inspección vial, el notario público Sergio Gil presentó una iniciativa de reforma legislativa denominada Ley Hartazgo, la cual plantea la regulación estricta de los retenes instalados por corporaciones de seguridad estatales y municipales en Nuevo León.
La propuesta fue entregada de manera formal para su revisión en el Congreso del Estado e implica modificaciones directas a la Ley de Seguridad Pública del Estado de Nuevo León, a la Ley de Movilidad y a la Ley de Responsabilidad Administrativa de los Servidores Públicos. El propósito central de estas adecuaciones es establecer con claridad qué mando institucional cuenta con la facultad legal para autorizar un filtro de revisión, evitando con ello la instalación arbitraria de operativos que entorpecen el libre tránsito y vulneran las garantías de los automovilistas.
De acuerdo con lo expuesto por el promovente, la legislación busca instituir un esquema de transparencia plena en el que todo ciudadano detenido en un punto de verificación tenga el derecho garantizado de identificar plenamente a la autoridad actuante. Bajo el nuevo marco normativo propuesto, los elementos policiales y de tránsito estarán obligados a portar la indumentaria institucional completa, identificarse formalmente con su nombre y número de placa, además de exhibir la orden o justificación legal que fundamenta la inspección al vehículo.
Un elemento central de la propuesta contempla la obligatoriedad de registrar en video la totalidad de las interacciones entre los agentes y la población, ya sea mediante el uso de cámaras corporales asignadas a los elementos o a través de los sistemas de videograbación de las patrullas.
Con esta medida se pretende documentar el actuar de las fuerzas del orden en tiempo real para evitar actos de extorsión, cobros irregulares o violaciones a los derechos humanos, asegurando un trato respetuoso y apegado a la presunción de inocencia.
Finalmente, el documento presentado precisa las diferencias operativas y jurídicas entre un punto de inspección de rutina y un filtro preventivo destinado a la localización de presuntos delincuentes. La iniciativa argumenta que delimitar con exactitud las atribuciones de cada corporación fortalecerá el estado de derecho, brindando mayor certeza a los habitantes que transitan diariamente por las avenidas y carreteras de la entidad.
Fuente: Tribuna