Monterrey, Nuevo León. — La Diputación Permanente del Congreso del Estado de Nuevo León aprobó un acuerdo para citar a comparecer al titular de la Secretaría de Medio Ambiente, Raúl Lozano, con el objetivo de que presente un informe detallado sobre la crisis de contaminación atmosférica que afecta a la entidad y explique las razones por las cuales no se ha hecho público el inventario actualizado de emisiones contaminantes.
La iniciativa, impulsada por la legisladora del Partido Acción Nacional (PAN), Claudia Caballero, establece que el funcionario estatal deberá comparecer ante el Pleno legislativo el próximo 23 de septiembre de 2026. Durante la sesión, la autoridad ambiental tendrá que responder a un cuestionario que abarca 17 rubros prioritarios relacionados con la calidad del aire, la fiscalización de las industrias y la operatividad técnica de las herramientas de medición estatal.
En su intervención en el recinto legislativo, la diputada panista argumentó la urgencia de contar con un diagnóstico preciso sobre la situación ambiental que prevalece en la zona metropolitana de Monterrey. Caballero enfatizó que resulta indispensable conocer el registro exacto de los días que han presentado una calidad del aire catalogada como mala, muy mala o extremadamente mala durante los ejercicios fiscales de 2024, 2025 y los meses transcurridos de 2026.
Asimismo, la solicitud contempla la entrega de un balance exhaustivo sobre el Sistema de Monitoreo Ambiental (SIMA). El Congreso requerirá información técnica referente al número total de estaciones instaladas, cuántas de ellas operan de manera continua las 24 horas del día, cuáles se encuentran fuera de servicio o con funcionamiento parcial, los contaminantes específicos que mide cada unidad, así como el calendario previsto para su reparación, modernización o sustitución definitiva.
Otro de los puntos centrales del citatorio concierne a las regulaciones vigentes aplicadas al sector privado. El Poder Legislativo cuestionará a la Secretaría sobre las medidas de cumplimiento obligatorio que deben acatar las industrias de jurisdicción estatal, comercios, pedreras y empresas de la construcción durante la emisión de alertas o contingencias ambientales. Adicionalmente, el funcionario deberá transparentar el monto total recaudado por concepto de impuestos verdes desde su implementación en 2022 hasta el presente ejercicio fiscal.
Al fundamentar el punto de acuerdo, la promovente señaló que la ciudadanía no ha observado una mejora tangible en el entorno, a pesar de los planes previamente anunciados por el Ejecutivo. Sostuvo que respirar aire contaminado impacta directamente en la salud pública y el derecho a la información, por lo que las autoridades no deben minimizar las consecuencias ni evadir sus competencias institucionales. La propuesta de comparecencia fue respaldada por la mayoría de los integrantes de la Diputación Permanente, registrando únicamente un voto en contra por parte de la diputada de Movimiento Ciudadano, Paola Linares.
Fuente: Tribuna