Monterrey, Nuevo León. — El Congreso del Estado de Nuevo León recibió una proposición promovida por el diputado del Partido Revolucionario Institucional (PRI), Fernando Aguirre, mediante la cual exhorta al Instituto de Movilidad y Accesibilidad de Nuevo León (IMA) a emitir un marco normativo específico dirigido a las plataformas operadoras de renta de micromovilidad. La iniciativa busca obligar a las empresas del ramo a delimitar áreas exclusivas de estacionamiento y resguardo para las unidades que ofrecen en arrendamiento, como scooters y bicicletas eléctricas, con el fin de corregir el abandono indiscriminado de estos vehículos en el espacio público de la zona metropolitana de Monterrey.
Durante su exposición de motivos en la tribuna del recinto legislativo, el parlamentario argumentó que la proliferación de estas alternativas de transporte ha derivado en inconvenientes viales y urbanos recurrentes. Detalló que es común detectar este tipo de dispositivos estacionados sobre banquetas, accesos a cocheras, vías peatonales primarias y, de manera crítica, sobre rampas diseñadas para el desplazamiento de personas con discapacidad, lo que representa una barrera física que vulnera el libre tránsito de los peatones y contraviene las normas básicas de accesibilidad universal.
El legislador local enfatizó que la propuesta no pretende desincentivar el uso ni la expansión de las tecnologías de electromovilidad ligera en los municipios metropolitanos, sino establecer condiciones de ordenamiento territorial antes de considerar su masificación.
Según expuso, una regulación inicial enfocada en el depósito y resguardo de las unidades permitirá a los ayuntamientos y al Gobierno del Estado trazar una estrategia integral a largo plazo, la cual podría incluir en etapas posteriores la planeación e inversión en infraestructura vial dedicada, como ciclovías o carriles exclusivos para el tránsito seguro de este tipo de vehículos.
Aguirre subrayó que las tres compañías privadas que brindan este servicio en los distintos municipios de la zona urbana deben asumir la responsabilidad directa sobre el destino final de sus flotillas una vez que los usuarios concluyen el periodo de arrendamiento. En esa línea, urgió a las autoridades estatales a definir lineamientos administrativos y de supervisión que obliguen a las empresas a implementar mecanismos tecnológicos o de logística para recolectar o restringir el bloqueo de zonas no autorizadas.
Finalmente, el diputado tricolor sostuvo que el ordenamiento de los espacios públicos es un paso indispensable para garantizar la seguridad vial de los sectores más vulnerables de la población, tales como adultos mayores, personas con discapacidad motriz y peatones con debilidad visual. La solicitud se suma a las discusiones vigentes en el Congreso local y en diversos cabildos metropolitanos que buscan adecuar el marco normativo de movilidad ante la rápida evolución de las alternativas de transporte privado y compartido en la entidad.
Fuente: Tribuna