Ciudad de México.- La Comisión Nacional de Derechos Humanos respaldó la postura de la presidenta Claudia Sheinbaum sobre la regulación de derechos de las audiencias, argumentando que la libertad de expresión no constituye un derecho irrestricto para difundir información falsa. El organismo dirigió críticas hacia quienes se oponen a estas medidas regulatorias.
Diana Morán Reyes, funcionaria de la CNDH, precisó que quienes cuestionan estas regulaciones son los mismos que han obtenido beneficios económicos y políticos al tergiversar información. El organismo considera que existe una confusión conceptual sobre lo que implica el ejercicio legítimo de la libertad de expresión en el marco de protección de audiencias.
La posición de la CNDH se inscribe en un debate más amplio sobre los límites del derecho a informar en México. Las audiencias, según el organismo, requieren protección contra la desinformación sistemática que afecta su capacidad de tomar decisiones informadas. Esta alineación refleja un consenso institucional en torno a la necesidad de establecer criterios sobre contenidos transmitidos por medios de comunicación.
¿Cuál es el alcance de la regulación propuesta?
Las medidas que respalda la CNDH buscan establecer marcos específicos para el tratamiento de información en espacios de difusión pública. La regulación no pretende eliminar la crítica o el debate, sino establecer límites sobre afirmaciones que carecen de sustento verificable. Sheinbaum ha señalado en reiteradas ocasiones que la libertad de expresión funciona mejor cuando existe responsabilidad en el manejo de datos.
El organismo defensor de derechos humanos sostiene que la regulación de audiencias representa una evolución necesaria en la protección de derechos fundamentales. Otros organismos internacionales han documentado el daño causado por campañas de desinformación coordinadas en países de América Latina. La CNDH se posiciona dentro de esta corriente internacional de fortalecimiento de estándares informativos.
¿Quiénes se oponen a estas medidas?
Los críticos de las regulaciones incluyen a sectores del empresariado mediático, organizaciones de libertad de prensa y académicos especializados en derechos fundamentales. Estos actores advierten sobre el riesgo de que regulaciones mal diseñadas terminen censurando voces críticas del gobierno. Las preocupaciones se centran en la definición operativa de qué constituye “información falsa” frente a debate legítimo.
La CNDH señaló que muchos de estos críticos han operado espacios informativos donde predominan narrativas no comprobadas. El organismo afirmó que existe un patrón documentable de beneficio económico derivado de contenidos sensacionalistas o simplemente inventados. Sheinbaum ha insistido en que el Estado no busca censurar, sino garantizar estándares mínimos de veracidad.
Las próximas semanas definirán cómo avanza esta discusión en el Congreso de la Unión. La CNDH seguirá el proceso legislativo relacionado con estas regulaciones y emitirá posicionamientos adicionales conforme se desarrolle el debate parlamentario. El tema permanece en la agenda de discusión institucional en Palacio Nacional.
Fuente: Tribuna