Monterrey, Nuevo León.- En una decisión orientada a robustecer los esquemas de justicia comunitaria y solución pacífica de controversias entre particulares, el Cabildo de Monterrey aprobó de manera unánime autorizar al presidente municipal, Adrián de la Garza Santos, la suscripción de un convenio de colaboración institucional con el Poder Judicial del Estado de Nuevo León. El propósito central de dicho instrumento es impulsar la creación, el desarrollo y la acreditación oficial de nuevos centros de mediación públicos municipales.
Durante el desarrollo de la sesión ordinaria celebrada en el Palacio Municipal, integrantes del cuerpo edilicio —entre regidores y síndicos de las distintas fracciones representadas— coincidieron en que el fortalecimiento de los Métodos Alternos de Solución de Conflictos (MASC) constituye una herramienta indispensable en la administración pública contemporánea. Estas vías no sólo posibilitan dirimir diferencias de carácter legal o vecinal con mayor agilidad frente a los litigios tradicionales, sino que también descargan a las instancias judiciales y fomentan una cultura de diálogo y paz social en las colonias.
La presentación formal del punto de acuerdo ante el pleno estuvo a cargo del secretario del Ayuntamiento, César Garza Villarreal, quien detalló los alcances jurídicos y operativos que contempla el documento normativo. Al dar lectura a la propuesta, el funcionario municipal destacó los compromisos de concurrencia y coordinación técnica que ambas partes asumen dentro de sus respectivos ámbitos competenciales.
“Se autoriza al municipio de Monterrey (…) la suscripción del convenio de colaboración entre el municipio de Monterrey, Nuevo León y el Poder Judicial del Estado de Nuevo León, cuyo objeto es establecer las bases y mecanismos de coordinación en el ámbito de sus respectivas competencias, a fin de impulsar la creación y/o fortalecimiento de centros de mediación públicos municipales acreditados por el Poder Judicial del Estado, que permitan implementar y difundir los mecanismos alternativos en el municipio de Monterrey, Nuevo León, como coadyuvantes en la prevención y atención del delito, y fomento de la cultura de la paz”, puntualizó Garza Villarreal durante la lectura aprobatoria.
El marco de este nuevo acuerdo responde a una serie de antecedentes en materia de mediación comunitaria implementados por la capital nuevoleonesa. Previamente, el 8 de noviembre, el Poder Judicial del Estado refrendó formalmente la certificación del centro de mediación municipal de Monterrey, trámite gestionado a través de la Dirección de Concertación Social, adscrita a la Secretaría de Participación Ciudadana. Asimismo, en el ámbito de profesionalización y capacidades técnicas de los servidores públicos involucrados, el municipio de Monterrey destaca en la entidad como la única administración que cuenta con ocho mediadores debidamente reconocidos y certificados a nivel federal.
Especialistas en derecho municipal y justicia cívica señalan que los centros de mediación acreditados por las autoridades judiciales confieren certeza y validez jurídica a los acuerdos alcanzados por los intervinientes. Al adquirir la calidad de cosa juzgada o contar con reconocimiento vinculante formal, las partes involucradas encuentran certidumbre en la solución de disputas relativas a convivencia ciudadana, desavenencias condominales, conflictos patrimoniales menores o problemas de ruidos y delimitación de predios, evitando que las diferencias escalen hacia faltas administrativas graves o conductas delictivas del fuero común.
Además del convenio enfocado en justicia cotidiana, el orden del día de la asamblea edilicia incluyó la resolución de diversos dictámenes relevantes para la vida cívica y el desarrollo urbano del municipio. Entre ellos, el cuerpo colegiado dio luz verde al dictamen mediante el cual se concede el reconocimiento oficial ‘Mujer que Inspira, María Elena Chapa Hernández‘, en su edición 2026. Esta distinción fue otorgada a cuatro mujeres regiomontanas sobresalientes, en reconocimiento a sus contribuciones y trayectorias en rubros clave del desarrollo comunitario, la defensa de los derechos humanos y la vida pública.
De igual manera, los integrantes del Cabildo votaron a favor de autorizar a la administración municipal para llevar a cabo permutas e intercambios de predios con particulares. Esta medida patrimonial tiene como finalidad liberar los derechos de vía y áreas necesarias para dar continuidad a las obras de infraestructura que comprenden la construcción y ampliación del Circuito Vial El Huajuco, un proyecto estratégico de movilidad localizado en la zona sur de la ciudad diseñado para desahogar la carga vehicular en corredores intermunicipales de alta afluencia.
Fuente: Tribuna