Monterrey, Nuevo León. — La formulación y eventual aprobación del Paquete Fiscal 2027 en Nuevo León se enfrenta a un complejo escenario de parálisis institucional y confrontación política. La coincidencia temporal entre la definición de los recursos estatales y el arranque del proceso electoral ha intensificado las diferencias históricas entre la administración del gobernador Samuel García Sepúlveda y el bloque opositor en el Congreso del Estado, integrado predominantemente por las fracciones legislativas del Partido Acción Nacional (PAN) y el Partido Revolucionario Institucional (PRI).

En la actualidad, la entidad federativa opera bajo un esquema financiero de presupuesto reconducido por un monto de 156 mil 264 millones de pesos, una cifra que se ha venido arrastrando desde el ejercicio fiscal de 2025 debido a la incapacidad reiterada de los poderes Ejecutivo y Legislativo para consensuar una Ley de Egresos formal. Este fenómeno, sumado a la falta de designación de un titular definitivo al frente de la Secretaría de Finanzas y Tesorería General del Estado, ha profundizado los bloqueos financieros crónicos que han caracterizado gran parte del presente sexenio.

Tensiones presupuestales en un entorno de crecimiento económico

A pesar de que los indicadores macroeconómicos ubican a Nuevo León con una tasa de dinamismo superior al promedio nacional, la asignación y planeación de los fondos públicos se encuentran condicionadas por el estancamiento legislativo. La base actual de gasto corriente —fijada en los 156 mil 264 millones de pesos reconducidos— limita la flexibilidad de la administración estatal para absorber variaciones operativas e indexar incrementos salariales o de insumos.

En lo relativo al endeudamiento, el Congreso local evalúa la pertinencia de autorizar un nuevo techo de financiamiento. La postura técnica del gobierno estatal sostiene que estos pasivos se emplearían de forma exclusiva para garantizar la culminación de obras de infraestructura pública de gran escala sin recurrir a la creación de nuevos gravámenes impositivos. No obstante, los grupos legislativos de oposición mantienen reservas sobre la capacidad de pago y las condiciones financieras del estado.

Por su parte, en el rubro de transferencias federales, las estimaciones preliminares apuntan a un crecimiento de carácter inercial, tomando como referencia una base previa superior a los 118 mil millones de pesos por concepto de participaciones y aportaciones federalizadas. Debido a las limitaciones presupuestarias, la continuidad de la cartera de inversiones públicas requerirá necesariamente esquemas de aportación tripartita en los que converjan fondos estatales, federales y capital del sector privado. La presión es particularmente alta en el sector de movilidad, donde se busca dar cumplimiento a la meta sexenal de inversión de 200 mil millones de pesos, con proyectos clave como la ampliación de las líneas del sistema Metrorrey y las etapas correspondientes al proyecto ferroviario del Tren del Norte.

Factores de choque político hacia 2027

La Tesorería estatal ha admitido que la conformación del Paquete Fiscal 2027 se desarrollará bajo la influencia directa del calendario electoral. Representantes del PRI y del PAN han manifestado su escepticismo ante la posibilidad de alcanzar acuerdos integrales, anticipando dificultades en las mesas de diálogo. En contraparte, los legisladores de Movimiento Ciudadano (MC) han señalado que las posturas del bloque mayoritario en el Congreso responden a intereses político-electorales orientados a bloquear el financiamiento gubernamental de manera previa a la entrega formal del proyecto.

Este clima de confrontación se entrecruza con el proceso de juicio político radicado en el Legislativo en contra del gobernador Samuel García. El gobernador ha solicitado formalmente a los diputados detener dicho procedimiento, argumentando que se trata de un asunto jurídicamente resuelto y catalogado como cosa juzgada tras la emisión de diversas suspensiones dictadas por la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN). En el plano político, García ha condicionado la reactivación de las negociaciones a que las bancadas opositoras acudan a dialogar directamente a las oficinas de la Tesorería, con el propósito de evitar un nuevo veto del Ejecutivo o una subsecuente reconducción presupuestal.

Demandas de municipios, órganos autónomos y fiscalización del gasto

La falta de certidumbre presupuestaria ha generado llamados de alerta en diversos sectores institucionales:

Seguridad y procuración de justicia: El encargado del despacho de la Fiscalía General de Justicia del Estado, Javier Flores, ha advertido que la ausencia de un acuerdo presupuestal para el ejercicio 2027 detendría el avance y consolidación de proyectos estratégicos de infraestructura y operatividad en materia de procuración de justicia y combate al delito.

Presión financiera municipal: Alcaldes de la zona metropolitana, particularmente de demarcaciones gobernadas por la oposición como San Nicolás de los Garza, demandan un incremento sustancial en las transferencias directas contempladas en el Paquete Fiscal 2027. Los ediles argumentan que estos recursos son necesarios para compensar erogaciones extraordinarias asumidas en los últimos ejercicios y restablecer la estabilidad financiera de los gobiernos locales.

Fiscalización y riesgo de subejercicio: Partidos de oposición han reiterado denuncias sobre presuntos riesgos de desvío de recursos públicos y uso de fondos institucionales para la promoción de funcionarios en el marco previo a los comicios de 2027. Esta situación ha derivado en un anuncio de vigilancia estricta sobre las partidas destinadas a programas de desarrollo social y comunicación social en el anteproyecto de egresos.

Perspectivas de negociación

Aunque la administración estatal ha manifestado que presentará el Paquete Fiscal 2027 en los plazos previstos por la normativa constitucional, la viabilidad técnica y legislativa de su aprobación continúa sujeta a dos factores determinantes: la disposición del Ejecutivo para incorporar las demandas financieras de los municipios gobernados por la oposición, y la anuencia del Congreso para avalar los esquemas de financiamiento requeridos para la conclusión de las obras de movilidad pública en la entidad.

Fuente: Tribuna