Monterrey, Nuevo León. — Durante la celebración de la Asamblea Ordinaria número 277 de la Sociedad de Urbanismo Región Monterrey A.C. (SURMAC), especialistas, desarrolladores inmobiliarios y expertos en ordenamiento territorial analizaron el panorama actual de la infraestructura jurídica y técnica que rige a la zona metropolitana de Monterrey. En el marco de este encuentro, Luis Ávila, director ejecutivo de la plataforma ciudadana Cómo Vamos Nuevo León, presentó un diagnóstico integral que puso al descubierto un marcado rezago en la mayoría de las administraciones municipales en cuanto a la revisión, adecuación y actualización de sus herramientas normativas de desarrollo urbano.
El informe evalúa la vigencia y efectividad de diversos documentos esenciales para la gobernanza del suelo y la seguridad de los habitantes. Entre los instrumentos auditados figuran los Planes y Reglamentos de Desarrollo Urbano, las normativas de Zonificación, los Reglamentos de Construcción, las reglamentaciones específicas para la edificación de banquetas y movilidad peatonal, así como los Atlas de Riesgo municipales. Estos últimos resultan de vital trascendencia para delimitar zonas vulnerables a desastres naturales, deslaves e inundaciones, fenómenos recurrentes en la geografía del estado.
De acuerdo con los hallazgos expuestos ante la comunidad urbanística, de la totalidad de los ayuntamientos que integran el área metropolitana de Monterrey, únicamente los municipios de San Pedro Garza García y Guadalupe cuentan con la totalidad de estos instrumentos actualizados y alineados con las leyes vigentes. La disparidad en el resto de las demarcaciones metropolitanas evidencia un vacío regulatorio que compromete la certidumbre jurídica de las inversiones inmobiliarias y debilita la capacidad de respuesta institucional ante el acelerado crecimiento demográfico e industrial que vive la entidad.
Durante la jornada de deliberación, los especialistas coincidieron en que la falta de actualización periódica de estos ordenamientos genera distorsiones severas en la configuración de la ciudad. El desfase entre la realidad urbana y la norma vigente provoca problemas recurrentes en la dotación de servicios públicos, congestión vial, proliferación de desarrollos en zonas inestables o de alto riesgo, así como la falta de criterios homologados para la infraestructura peatonal y el diseño de banquetas incluyentes. Esta desarticulación impacta directamente en la calidad de vida de los ciudadanos y en la competitividad económica regional.
Representantes de la SURMAC e integrantes de la mesa de diálogo enfatizaron la necesidad urgente de que las autoridades locales asuman la planeación urbana como un eje prioritario de gestión y no como un trámite administrativo secundario. La actualización de estos instrumentos permite establecer parámetros claros para definir la densidad poblacional permitida, promover proyectos de movilidad sustentable, proteger el medio ambiente y garantizar la resiliencia urbana frente a eventos meteorológicos extremos.
Finalmente, los ponentes hicieron un llamado a los alcaldes metropolitanos y a sus respectivos cabildos para destinar recursos técnicos y financieros dirigidos a la homologación y modernización de sus reglamentos. Se concluyó que la consolidación de una metrópoli ordenada, segura y sostenible requerirá una estrecha colaboración entre los tres órdenes de gobierno, la iniciativa privada, la academia y las organizaciones civiles para revertir el rezago acumulado y proyectar el desarrollo de la zona metropolitana de Monterrey con una visión de largo plazo.
Fuente: Tribuna