Washington D. C., Estados Unidos.- El Gobierno de Estados Unidos anunció este martes 18 de agosto sanciones contra la presidenta de la Corte Penal Internacional (CPI), la japonesa Tomoko Akane, y el magistrado senegalés Abdoulaye Seye, como parte de su política contra el tribunal de La Haya. La administración estadounidense sostiene que la institución ha actuado de manera politizada al investigar a funcionarios de Estados que no reconocen su jurisdicción.
¿Por qué Estados Unidos impuso las sanciones?
El secretario de Estado, Marco Rubio, informó mediante un comunicado que ambos magistrados participaron directamente en procesos de investigación y persecución judicial impulsados por la CPI. Según el funcionario, las medidas responden a la actuación del tribunal respecto a gobiernos que no forman parte del Estatuto de Roma, tratado que dio origen a la Corte en el año 2000.
“Estas personas se han involucrado directamente en los intentos de la CPI para investigar, arrestar, detener o perseguir a funcionarios cuyos gobiernos no reconocen la jurisdicción”, afirmó Rubio.
¿Quiénes son los magistrados sancionados?
Tomoko Akane preside actualmente la Corte Penal Internacional, mientras que Abdoulaye Seye ocupa el cargo de magistrado y sustituye de forma temporal al fiscal del organismo. Ambos desempeñan funciones dentro del tribunal permanente con sede en La Haya, Países Bajos, encargado de juzgar casos de genocidio, crímenes de guerra y crímenes de lesa humanidad.
Estados Unidos nunca ratificó el Estatuto de Roma y, por tanto, no reconoce la competencia jurídica de la CPI sobre sus ciudadanos ni sobre funcionarios de otros países que tampoco son parte del tratado.
¿Qué relación tienen las medidas con el conflicto en Gaza?
Las sanciones se producen después de que la Corte emitiera en 2024 órdenes de arresto contra el primer ministro de Israel, Benjamín Netanyahu, y el entonces ministro de Defensa, Yoav Gallant, por presuntos crímenes relacionados con la guerra en Gaza. El tribunal también emitió órdenes contra dirigentes de Hamás, varios de los cuales posteriormente murieron durante el conflicto.
De acuerdo con el Gobierno estadounidense, las medidas incluyen la prohibición de ingreso a Estados Unidos y el congelamiento de activos que los funcionarios sancionados pudieran tener bajo jurisdicción estadounidense. El proceso refleja la creciente tensión entre Washington y la Corte Penal Internacional, mientras continúan abiertos diversos procedimientos sobre conflictos armados y presuntas violaciones al derecho internacional humanitario.
Fuente: Tribuna