Monterrey, Nuevo León. — Autoridades del Gobierno del Estado de Nuevo León y directivos de la Comisión Federal de Electricidad (CFE) establecieron formalmente un acuerdo para destinar una bolsa de 10 mil millones de pesos a proyectos de infraestructura energética, con el propósito fundamental de fortalecer la red eléctrica en la entidad y contener la recurrencia de cortes de suministro en los distintos municipios del área metropolitana y zonas periféricas.

La determinación se tomó tras una reunión privada celebrada en la capital del estado, en la que se evaluaron los factores operativos, técnicos y meteorológicos que derivaron en fallas críticas registradas en semanas pasadas, particularmente durante los meses de junio y julio. Según reportes presentados en la sesión de trabajo, el incremento sostenido en las temperaturas ambientales provocado por la canícula generó una sobrecarga en la infraestructura existente, lo que derivó en suspensiones imprevistas del servicio que afectaron tanto a zonas residenciales como a actividades comerciales e industriales.

El gobernador Samuel García Sepúlveda precisó en declaraciones posteriores al encuentro que la empresa productiva del Estado reconoció de manera explícita la gravedad de las interrupciones recientes, sentando las bases técnicas para implementar un programa correctivo y preventivo de largo alcance. La meta declarada por ambas partes es que las obras y el despliegue técnico ofrezcan una solución definitiva y eviten que se repitan contingencias similares ante nuevos picos de demanda climatológica.

Acuerdan inversión de 10,000 millones de pesos entre CFE y Nuevo León para modernizar la red eléctrica y mitigar apagones

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Distribución presupuestal y áreas prioritarias de intervención

El esquema financiero acordado especifica una segmentación técnica del presupuesto en función de los puntos críticos diagnosticados en el sistema eléctrico regional. Del monto total anunciado, 6 mil 100 millones de pesos se canalizarán al rubro de transmisión de energía, identificado por los especialistas como el principal cuello de botella de la infraestructura actual, donde las líneas de alta tensión experimentan mayores niveles de saturación.

Asimismo, se contemplan 2 mil 100 millones de pesos dirigidos al área de distribución, orientados a la modernización de cableado, transformadores y circuitos secundarios que entregan la energía directamente a los usuarios finales. De manera complementaria, el Gobierno del Estado aportará mil millones de pesos para la adquisición y reserva de subestaciones destinadas a proyectos y desarrollos futuros, con lo que se busca anticipar el crecimiento de la demanda industrial y poblacional en la entidad. El resto de los recursos anunciados se integrará a obras complementarias de soporte y adecuación operativa.

Apoyo operativo a la infraestructura hídrica metropolitana

Entre los compromisos adicionales asumidos durante el diálogo institucional, se acordó la incorporación de subestaciones eléctricas móviles. Esta medida busca brindar respaldo inmediato y selectivo a las instalaciones del organismo descentralizado Servicios de Agua y Drenaje de Monterrey (SADM), particularmente en sectores con vulnerabilidad operativa como el municipio de García. En dicha demarcación se habían presentado fallas simultáneas en el bombeo de agua potable como consecuencia directa de la falta de fluido eléctrico.

La habilitación de unidades móviles permitirá aislar y abastecer prioritariamente los sistemas de bombeo y tanques de distribución hídrica, impidiendo que una suspensión temporal del suministro eléctrico detenga el abasto de agua hacia las colonias de la zona poniente del área metropolitana.

La mesa de trabajo contó con la intervención directa de funcionarios de alta jerarquía técnica de la Comisión Federal de Electricidad, entre ellos Gabriela Aparicio Rangel, directora de planeación de la CFE; Gustavo García, responsable del servicio público de distribución de energía eléctrica; y Gilberto Valencia Félix, subdirector de distribución. Las representaciones de ambos niveles de gobierno coincidieron en establecer un mecanismo de seguimiento técnico para calendarizar los inicios de obra y garantizar el ejercicio oportuno de las inversiones pactadas.

Fuente: Tribuna