Monterrey, Nuevo León. — Con el propósito de transformar de manera estructural las dinámicas sociales y laborales en la entidad, un grupo de ciudadanas presentó ante el Congreso del Estado de Nuevo León una propuesta de reforma constitucional acompañada por la iniciativa de la Ley del Sistema Integral de Cuidados. La propuesta, encabezada por las activistas y especialistas Tere Villarreal, Luz María Garza, Bárbara Diego, Alicia Navarro y Agueda Gon, busca establecer el marco legal necesario para reconocer la labor de cuidado como un derecho humano fundamental, al tiempo que promueve una distribución equitativa de estas tareas entre la sociedad y las instituciones públicas y privadas.
El planteamiento parte de un diagnóstico crítico sobre la realidad social del estado. De acuerdo con las cifras expuestas durante la presentación de la propuesta, en Nuevo León existen más de 93 mil mujeres que expresan el deseo explícito de incorporarse a la vida laboral o profesional, pero se ven imposibilitadas de hacerlo debido a las exigencias que representan las responsabilidades de cuidado no remunerado en sus hogares. Esta situación refleja una brecha de género considerable, donde las mujeres en la entidad llegan a acumular jornadas totales de trabajo de 61.4 horas semanales, recibiendo pago económico únicamente por una fracción menor de dicho tiempo en comparación con la población masculina.
Ante este panorama, la reforma plantea la creación de un sistema estatal de cuidados diseñado para articular servicios, infraestructura y apoyos financieros e institucionales destinados tanto a las personas que requieren atención especial —como adultos mayores, personas con discapacidad o menores de edad— como a quienes ejercen la labor de cuidarlos. El principio rector de la norma radica en la corresponsabilidad, lo que implica que la carga de la atención deje de recaer de manera casi exclusiva sobre los hombros de las familias y, en particular, de las mujeres, involucrando activamente al Gobierno estatal, a los municipios, al sector empresarial y a las organizaciones comunitarias.
Al respecto, Luz María Garza enfatizó que la falta de esquemas institucionales de apoyo constituye un obstáculo estructural que frena el desarrollo económico y personal de miles de ciudadanas. Señaló que mantener este esquema tradicional significa desaprovechar el talento, las capacidades y los proyectos de vida de un sector sustancial de la población que no encuentra condiciones para integrarse formalmente a la economía. Por ello, la legislación propuesta busca consolidar un modelo que reconozca el valor del trabajo doméstico y de atención, reduzca la carga horaria mediante servicios públicos y redistribuya las tareas de manera justa.
Bárbara Diego detalló la forma operativa en que funcionaría el Sistema Integral de Cuidados en la vida cotidiana de las familias regiomontanas. La especialista explicó que el proyecto contempla el establecimiento de centros de día adecuadamente equipados para la atención de adultos mayores durante la jornada laboral, la contratación y despliegue de personal cuidador capacitado y certificado para asistencia domiciliaria, así como esquemas de relevo o “fines de semana de respiro”. Estos últimos mecanismos están pensados específicamente para otorgar descansos temporales a las cuidadoras primarias que enfrentan severas afectaciones físicas y emocionales tras prolongados periodos de atención continua a familiares en situación de dependencia.
Es importante señalar que el documento entregado al Poder Legislativo no constituye únicamente una petición ciudadana aislada, sino que es el resultado de un riguroso trabajo de investigación técnica y análisis comparativo. La propuesta contó con la participación directa y el respaldo de organizaciones de la sociedad civil y organismos internacionales de prestigio, entre los que destacan el Consejo Nuevo León, ONU Mujeres, Oxfam México y la Alianza Global por los Cuidados. Las promotoras confían en que el Congreso local abra la discusión de manera prioritaria para posicionar a Nuevo León como una entidad pionera en la garantía de los derechos de cuidado a nivel nacional.
Fuente: Tribuna