San Pedro Garza García, Nuevo León. — El Gobierno municipal de San Pedro Garza García y la Comisión Estatal de Derechos Humanos de Nuevo León (CEDHNL) formalizaron un convenio de colaboración y capacitación institucional enfocado en la prevención de acciones arbitrarias por parte de los servidores públicos, la mejora de los protocolos de actuación policial y la garantía irrestricta del debido proceso en todas las intervenciones de las autoridades locales.

La firma del documento tuvo lugar en la Sala de Cabildo del Palacio Municipal sampetrino, espacio donde la presidenta de la CEDHNL, Olga Susana Méndez, expuso el contexto estatal en materia de violaciones a las garantías individuales. La titular del organismo reveló que, en el periodo comprendido desde 2020 hasta junio de 2026, la entidad acumuló un total de 224 expedientes de queja iniciados por señalamientos de presunta tortura o tratos crueles, inhumanos y degradantes. De ese universo de reportes, 59 expedientes corresponden específicamente a instancias y corporaciones de carácter municipal en la geografía de Nuevo León.

Al respecto, Méndez detalló que los expedientes dirigidos contra las corporaciones de seguridad de los ayuntamientos señalan de manera recurrente diversas anomalías e irregularidades cometidas durante los procesos de aprehensión, custodia y traslado de personas. La presidenta de la comisión puntualizó que la detención ilegal y arbitraria se mantiene como el hecho violatorio reportado con mayor frecuencia por la ciudadanía en el ámbito local, aunque aclaró que la naturaleza de las quejas suele variar conforme a la gestión y particularidades operativas de cada municipio.

La secretaria del Ayuntamiento de San Pedro, Gilda Guajardo, explicó que la alianza estratégica permitirá realizar una revisión exhaustiva de los procesos administrativos y operativos vigentes dentro de la administración pública municipal. La funcionaria señaló que el trabajo conjunto con el organismo autónomo posibilitará adecuar los esquemas de atención ciudadana y la actuación cotidiana de los elementos de policía, asegurando que las intervenciones dirigidas a la población, de forma especial hacia grupos prioritarios o en situación de vulnerabilidad, respeten rigurosamente las formas, el debido proceso y la dignidad humana.

El alcalde de San Pedro, Mauricio Farah Giacomán, destacó la relevancia de mantener mecanismos permanentes de supervisión sobre las tareas gubernamentales para ofrecer plena tranquilidad a los habitantes del municipio. El edil enfatizó que el cumplimiento de los estándares de derechos humanos debe permear de manera transversal en todo el aparato municipal, abarcando no solo a la corporación policial, sino también a la estructura de Justicia Cívica, la Contraloría, la Dirección de Transparencia y el Sistema Nacional de Protección Integral de Niñas, Niños y Adolescentes (Sipinna).

A través de este instrumento jurídico, el municipio de San Pedro busca elevar la profesionalización de sus cuerpos de seguridad y servidores públicos mediante talleres, diplomados y cursos especializados impartidos por personal calificado de la CEDHNL. Con estas acciones, la administración local pretende consolidar un entorno de certeza jurídica y respeto integral a las garantías individuales, sentando un antecedente de colaboración interinstitucional orientado a erradicar las malas prácticas administrativas, los abusos de autoridad y las violaciones a los derechos humanos en el ejercicio de la función pública.

Fuente: Tribuna