Monterrey, Nuevo León.- El Gobierno del Estado de Nuevo León ha iniciado cerca de 300 carpetas de investigación vinculadas a la presunta comisión de delitos ambientales a lo largo de los últimos cinco años, periodo durante el cual se ha logrado el procesamiento y privación de la libertad de nueve personas relacionadas con este tipo de ilícitos. La información fue dada a conocer por el gobernador de la entidad, Samuel García, durante su intervención en el marco de la segunda edición del evento comunitario enfocado en el bienestar animal conocido como Macro Pet. Durante dicho encuentro, el mandatario estatal expuso un balance general sobre los mecanismos de fiscalización, denuncia y persecución penal que la administración local ha implementado para responder a los reportes ciudadanos referentes a afectaciones ecológicas y actos de crueldad en contra de los animales.
De acuerdo con los datos presentados por la autoridad ejecutiva estatal, los expedientes integrados por las instancias correspondientes abarcan una amplia variedad de conductas ilícitas cometidas en territorio regio. Entre las principales líneas de investigación se encuentran los casos documentados de maltrato e infligimiento de crueldad hacia animales domésticos y de trabajo, la provocación intencional o negligente de incendios forestales e industriales que atentan contra la calidad del aire y los ecosistemas, así como los daños estructurales y la invasión no autorizada en zonas geográficas catalogadas formalmente como áreas naturales protegidas dentro del estado.
El titular del Ejecutivo estatal argumentó que la acumulación de este volumen de indagatorias y la consecuente aplicación de sanciones penales obedecen de forma directa al proceso de reestructuración e institucionalización de organismos especializados en la vigilancia del entorno natural. En ese sentido, destacó la consolidación de instancias de coordinación administrativa como la Secretaría de Medio Ambiente de Nuevo León, la Procuraduría Ambiental del Estado y la integración de la corporación denominada División Ambiental. Sobre esta última unidad, el gobernador explicó que se encuentra constituida por personal capacitado procedente de diversas corporaciones e instituciones de seguridad pública, reuniendo actualmente un estado de fuerza aproximado de mil elementos operativos enfocados exclusivamente en la prevención de delitos ecológicos, el patrullaje de áreas vulnerables y la atención inmediata de denuncias por contaminación o maltrato.
Sostuvo que en periodos de gobierno anteriores el aparato estatal carecía de un esquema orgánico y operativo debidamente articulado para hacer frente a la degradación ambiental y al abuso contra la fauna. La incorporación de estas nuevas dependencias permitió estructurar protocolos de actuación para la detección oportuna de anomalías, la inspección técnica de predios y el seguimiento jurídico de los expedientes. El procedimiento operativo descrito contempla la realización regular de visitas de inspección y auditorías a establecimientos comerciales, predios particulares y zonas de riesgo donde existan indicios de afectación ambiental o riesgos para los animales. Cuando los verificadores identifican violaciones a las normativas vigentes, se inician los procedimientos administrativos sancionatorios; sin embargo, en los supuestos donde las conductas puedan constituir delitos tipificados en el código penal estatal, las pruebas recopiladas son turnadas formalmente ante las autoridades ministeriales y judiciales para la determinación de responsabilidades penales.
Adicionalmente, en el contexto de las actividades desarrolladas durante el festival enfocado en la tenencia responsable, el mandatario abordó las acciones gubernamentales dirigidas específicamente a la protección de animales domésticos que han sido víctimas de violencia o abandono. Explicó que el protocolo institucional contempla el rescate físico de los ejemplares en situación de riesgo, su evaluación y tratamiento médico veterinario especializado, así como la posterior integración de los animales rehabilitados a programas de adopción para encontrarles un hogar adecuado. Finalmente, las autoridades reiteraron que la supervisión continuará de forma permanente en todo el territorio estatal para inhibir la comisión de faltas administrativas y delitos contra la naturaleza.
Fuente: Tribuna