Culiacán, Sinaloa. – No comparto la decisión de Rubén Rocha Moya de regresar a la gubernatura de Sinaloa. Lo digo desde una convicción elemental: respetar la presunción de inocencia no obliga a ignorar la responsabilidad política; son planos distintos. Corresponderá a la Fiscalía determinar si existen elementos para proceder y a los tribunales, en su caso, establecer responsabilidades. Nadie debe sustituirlos.

Gobernar tampoco es solo un asunto de legalidad; es un asunto de confianza. Rocha Moya regresó este 21 de agosto tras 112 días separado del cargo, mientras las investigaciones en su contra continúan en el centro del debate público. En abril, Estados Unidos presentó una acusación federal contra él y otros nueve funcionarios y exfuncionarios de Sinaloa, imputaciones que Rocha ha rechazado categóricamente.

Precisamente por la gravedad de lo que está en juego, considero que regresar ahora fue una decisión equivocada. Una acusación no hace culpable a nadie, pero la ausencia de una sentencia tampoco convierte en conveniente el regreso al poder. Esa es la diferencia que debemos entender.

El fuero constitucional existe para proteger la función pública frente a persecuciones o interferencias indebidas; no fue concebido como un escudo personal frente a investigaciones. En términos jurídicos, no impide que un gobernador sea investigado, sino que establece un procedimiento especial para proceder penalmente contra quien ostenta el cargo.

Por eso, la pregunta no debe ser únicamente si Rocha puede regresar, sino si debe hacerlo mientras persisten dudas de tal magnitud. Sinaloa necesita un gobierno con plena autoridad política y moral para recuperar la seguridad, la confianza institucional y la gobernabilidad. Resulta difícil lograrlo cuando el escrutinio público recae constantemente sobre el titular del Ejecutivo.

El contexto importa. Durante estos meses, los señalamientos no solo alcanzaron al gobernador: la acusación estadounidense involucró a funcionarios de su administración, provocando licencias, separaciones del cargo, comparecencias y procesos legales abiertos en el país vecino. Lejos de disiparse, el caso continúa generando dudas.

Nada de esto prueba por sí mismo la responsabilidad de Rocha Moya, pero sí vuelve indispensable mantener una distancia clara entre la investigación a una persona y el poder institucional que ejerce. En democracia, lo jurídicamente permitido no siempre es lo políticamente prudente.

Apartarse temporalmente no equivale a admitir culpabilidad; al contrario, permite a las instituciones trabajar sin la sospecha de que el peso de la gubernatura interfiera en el esclarecimiento de los hechos. Quien gobierna debe comprender que la confianza pública exige estándares más altos que el mínimo establecido por el Código Penal.

Por ello, sostengo lo mismo que cuando solicitó licencia: que la Fiscalía investigue, que se respete el debido proceso y que cada autoridad cumpla su labor. Pero, mientras tanto, el fuero no debe transformarse —ni jurídica, ni política, ni simbólicamente— en un refugio. La inmunidad procesal protege la función del Estado, nunca a la persona que temporalmente lo encabeza.

Rubén Rocha Moya tiene derecho a defenderse; Sinaloa tiene derecho a que esa defensa no se confunda con el ejercicio del poder.

Fuente: Tribuna