Monterrey, Nuevo León. –  Lo que inició en las instancias constitucionales como una serie de acusaciones por responsabilidades administrativas y electorales ha mutado de manera definitiva en el epicentro de la disputa política en Nuevo León. El proceso de juicio político instaurado en el Congreso del Estado en contra del gobernador Samuel García Sepúlveda permanece actualmente en un limbo jurídico operativo: por mandato de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), el Legislativo local puede continuar con la etapa de investigación y desahogo de pruebas, pero tiene estrictamente prohibido emitir una resolución final, separar del cargo o inhabilitar al mandatario hasta que se resuelva el fondo de la controversia constitucional.

Pese a este freno judicial a la facultad sancionadora, la arena legislativa no se ha enfriado. Lejos de extinguirse, el expediente se ha convertido en una trinchera estratégica para todas las fuerzas políticas con representación en la entidad, sirviendo de ensayo y catalizador para el reacomodo de alianzas con la mira puesta en las elecciones estatales de 2027.

Entre suspensiones judiciales y expedientes abiertos

La génesis y evolución de este litigio institucional comprende una serie de momentos clave a lo largo de los últimos dos años:

  • Noviembre 2024 – Febrero 2025 (Primeros frentes abiertos): Las bancadas del Partido Acción Nacional (PAN) y del Partido Revolucionario Institucional (PRI) promovieron los expedientes iniciales fundamentándose en resoluciones del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF) sobre presunta intromisión electoral y omisiones reiteradas en la publicación de decretos en el Periódico Oficial del Estado.
  • Febrero 2024 – Mayo 2026 (El letargo judicial): Durante más de un año, el proceso se mantuvo estancado debido a la interposición de diversos juicios de amparo, suspensiones provisionales y controversias en distintas instancias.
  • Mayo 2026 (La reactivación legislativa): La Comisión Anticorrupción del Congreso local, presidida por la diputada priista Armida Serrato Flores, reactivó los expedientes archivados. García Sepúlveda atendió los requerimientos por escrito a través de un esquema preventivo.
  • Junio 2026 (Alianza opositora y sesión permanente): Con la incorporación de votos de legisladores locales de Morena, la comisión avaló abrir un nuevo juicio por presuntas irregularidades financieras y supuesta triangulación de recursos públicos que superaría los 1,000 millones de pesos hacia despachos vinculados a su entorno familiar. Por 9 votos a favor y 1 en contra, la comisión se declaró en sesión permanente y solicitó informes a más de 60 dependencias.
  • Julio – Agosto 2026 (Resolución de la SCJN y contraofensiva): La Suprema Corte otorgó una suspensión definitiva que blinda la permanencia del gobernador mientras se dirime la controversia. Paralelamente, la bancada de Movimiento Ciudadano (MC) solicitó el carpetazo formal del asunto argumentando determinaciones de ‘No Ejercicio de la Acción Penal’ en fiscalías locales, mientras que el mandatario ha calificado el proceso como un ‘show político’ infundado.

El expediente acumulado por el bloque opositor integra distintas materias y conductas señaladas como presuntamente violatorias del marco legal y constitucional. Las acusaciones se centran en un presunto desvío de más de mil millones de pesos triangulados hacia despachos vinculados a su entorno familiar, la negativa reiterada a publicar leyes y reformas aprobadas en el Periódico Oficial del Estado, y la vulneración de la imparcialidad institucional junto con el uso indebido y canalización ilícita de recursos públicos hacia campañas políticas durante los comicios de 2024 mediante esquemas empresariales.

Cálculo partidista y reconfiguración rumbo a 2027

En el plano estrictamente político, la imposibilidad de destituir a corto plazo al mandatario no ha mermado el valor del juicio político como instrumento de presión y posicionamiento público.

Para la alianza legislativa conformada por el PAN y el PRI, el mantenimiento de la Comisión Anticorrupción en sesión permanente permite colocar sistemáticamente el tema de la rendición de cuentas y la presunta corrupción en la conversación mediática. Esta estrategia busca cohesionar una eventual candidatura común hacia la gubernatura en 2027 y proyectar a figuras de perfil institucional, como el actual alcalde de Monterrey, Adrián de la Garza, bajo una narrativa de contrapeso frente al actual Poder Ejecutivo.

Por su parte, Movimiento Ciudadano y el propio Samuel García han utilizado el proceso para reforzar su discurso de confrontación frente a los partidos tradicionales. La narrativa emecista presenta los intentos de juicio político como una persecución orquestada para entorpecer los proyectos de obra pública e inversión estatal. Esta dinámica ha servido también para afianzar la presencia territorial del partido y proyectar cuadros competitivos hacia la sucesión de 2027, entre ellos el de Mariana Rodríguez Cantú, al tiempo que se intensifican los programas de política social en la entidad.

Finalmente, el Movimiento de Regeneración Nacional (Morena) mantiene una postura dual. Aunque su bancada local ha sumado votos en momentos específicos para autorizar investigaciones contra el mandatario, la dirigencia nacional mantiene un margen de maniobra diferenciado. El cálculo del partido guinda apunta a capitalizar el desgaste derivado de la confrontación frontal entre MC y el bloque PRI-PAN, con miras a consolidarse en 2027 como una alternativa electoral independiente capaz de disputar la titularidad del Ejecutivo estatal.

Fuente: Tribuna