Monterrey, Nuevo León.- El senador por Nuevo León, Waldo Fernández González, emitió una serie de declaraciones en las que acusó formalmente a dependencias del Gobierno del Estado de ejercer presuntas prácticas de hostigamiento administrativo, extorsión burocrática e imposición de cobros discrecionales contra diversas unidades económicas y empresas que operan en la entidad. El legislador afín a la 4T aseveró que estas medidas representan una forma de “cobro de piso institucionalizado”, en la cual se emplean auditorías fiscales, suspensiones de permisos y clausuras selectivas para presionar a los propietarios y representantes de establecimientos comerciales y del ramo industrial.
Fernández González detalló que su equipo de trabajo ha recopilado testimonios, expedientes y quejas formales de empresarios de diversos giros —desde el sector inmobiliario y de la construcción hasta el comercio y los servicios—, quienes manifiestan haber sido objeto de inspecciones extraordinarias por parte de dependencias como la Secretaría de Medio Ambiente, la Subsecretaría de Administración Tributaria de Nuevo León (SAT NL) y Protección Civil del Estado, bajo procedimientos que calificaron de opacos y desproporcionados.
Exigencia de investigaciones ante órganos fiscalizadores
Ante este panorama, el senador adelantó que presentará puntos de acuerdo y denuncias ante los órganos de fiscalización federales y locales, entre ellos la Fiscalía Especializada en Combate a la Corrupción y la Auditoría Superior del Estado (ASE), a fin de que se auditen los criterios, protocolos y actas de verificación aplicados durante el presente ejercicio fiscal. Según el legislador, la discrecionalidad en la imposición de multas millonarias no debe utilizarse como una herramienta de recaudación coercitiva ni como un mecanismo de intimidación política.
Fernández hizo un llamado a las cámaras empresariales de la entidad —como la Caintra, Coparmex y Canaco— a mantener canales abiertos de recepción de quejas anónimas y no permitir que la incertidumbre jurídica deteriore el clima de inversión y competitividad que históricamente ha caracterizado a Nuevo León en el contexto nacional e internacional.
Posturas encontradas y debate sobre la regulación ambiental
El debate en torno a las inspecciones estatales ocurre en un momento en el que la administración de Nuevo León ha defendido sus operativos de vigilancia argumentando la necesidad de aplicar con rigor la normativa ambiental para mitigar las emisiones contaminantes, regular las descargas hídricas y supervisar el cumplimiento de los programas de protección civil. Desde el ámbito del Ejecutivo estatal, se ha sostenido previamente que las sanciones y clausuras responden estrictamente a infracciones a la ley y a denuncias ciudadanas sobre irregularidades operativas.
No obstante, el senador insistió en que existe una delgada línea entre la legítima aplicación de la ley y el uso faccioso de las facultades sancionatorias del Estado. Fernández concluyó que mantendrá el acompañamiento legal a las organizaciones o particulares que decidan interponer juicios de amparo o recursos de nulidad ante las instancias jurisdiccionales correspondientes para frenar presuntas anomalías en los procedimientos gubernamentales.
Fuente: Tribuna