Monterrey, Nuevo León.- Nuevo León enfrenta un problema que rara vez se nombra con la claridad debida: no solo gastamos mal el dinero público, sino que hemos normalizado que una parte de esos recursos se use para presumir a quien gobierna en lugar de servir a quien los paga.

Desde 2007, la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos es categórica: la propaganda gubernamental no puede incluir nombres, imágenes, voces ni símbolos que impliquen la promoción personalizada de ningún servidor público. Casi dos décadas después, este mandato aún presenta vacíos legislativos notables, sobre todo frente a un fenómeno que entonces apenas emergía: la promoción política permanente en plataformas digitales.

Nuevo León no es la excepción. En un estado donde suele repetirse que somos “primer lugar en todo”, existe una realidad insoslayable: las cuantiosas sumas destinadas a la publicidad y al posicionamiento digital de figuras públicas. Los registros públicos de plataformas como Meta evidencian la magnitud de esta práctica y abren interrogantes indispensables: quién paga, cuánto invierte y de dónde provienen los fondos.

Hoy vemos perfiles oficiales convertidos en vitrinas personales. Asistimos a un ecosistema de pauta digital donde convergen promoción individual, materiales institucionales, recursos privados y vínculos con proveedores gubernamentales, frente a una ciudadanía sin herramientas para rastrear ese dinero. Ese es el nudo del problema: sin trazabilidad, resulta imposible distinguir dónde termina la comunicación institucional y dónde empieza la autopromoción.

El debate no radica en si un servidor público tiene derecho a comunicar —por supuesto que lo tiene—, sino bajo qué reglas debe hacerlo cuando median recursos públicos o privados. Todo fondo destinado a proyectar la imagen de quien ejerce una función pública debe ser comprobable, fiscalizable y sujeto a rendición de cuentas.

Por ello, desde RegioPoder decidimos encarar el problema y presentamos ante el Congreso local la denominada ‘Ley Narciso’ —nombrada así no por una persona, sino por una conducta generalizada—. Lo hicimos mediante dos rutas complementarias: una iniciativa local y una propuesta federal que la Legislatura estatal puede elevar al Congreso de la Unión en ejercicio de su facultad constitucional.

A nivel estatal, propusimos expedir la Ley de Integridad Digital en el Ejercicio de Funciones Públicas del Estado de Nuevo León, mientras que en el ámbito federal planteamos la Ley de Integridad Digital en el Servicio Público. Ambas comparten un objetivo: erradicar las zonas grises y someter la pauta digital a reglas precisas de transparencia y legalidad.

Nuestra propuesta exige que cualquier publicidad digital asociada a la función pública sea plenamente rastreable: la ciudadanía debe conocer quién pagó, cuánto costó, en qué plataforma se difundió, el origen de los recursos y qué intermediarios intervinieron. Para lograrlo, planteamos declaraciones obligatorias, registros públicos de consulta abierta, etiquetado claro de la publicidad, topes de gasto y un régimen sancionador con debido proceso.

Asimismo, las iniciativas prohíben el desvío de activos digitales institucionales hacia fines personales y restringen la relación entre contratistas de pauta y proveedores gubernamentales. No se busca censurar la comunicación, sino evitar que la frontera entre el cargo público, los bienes del Estado y el interés particular se diluya.

En esta etapa, el rigor legislativo debe superar al entusiasmo. Ninguna de las dos vías concluye con la entrega de los documentos en oficialía de partes; requieren análisis en comisiones, dictaminación, cabildeo y votos. RegioPoder dará seguimiento puntual a este proceso, dialogando con las fracciones parlamentarias y sustentando cada paso con argumentos técnicos.

El principio constitucional ya existe; la tarea pendiente es dotarlo de reglas eficaces ante la realidad digital. Nuevo León tiene la oportunidad de subsanar este rezago en casa y fijar un estándar que impulse un Registro Nacional de Publicidad Digital Personal Pagada y la homologación legislativa en el resto del país.

Ninguna reforma de esta envergadura avanza por sí sola. Demanda una ciudadanía informada que respalde la causa y mantenga el tema en la agenda pública. Las leyes abren la puerta institucional, pero solo la exigencia ciudadana constante consolida los cambios de fondo.

“El vacío legal no se cierra con indignación pasajera. Se cierra con ciudadanía que entiende, que exige y que no se cansa.”

Fuente: Tribuna