Monterrey, Nuevo León.- Con la participación de vecinas del municipio de Escobedo, el Congreso de Nuevo León recibió una propuesta legislativa enfocada en otorgar carácter vinculante, plazos estrictos y transparencia a los proyectos comunitarios elegidos mediante el Presupuesto Participativo.
La actividad legislativa en el estado registró un ejercicio de participación ciudadana con la realización de la primera edición del Parlamento de Mujeres denominado ‘Legislando con Brenda’. Este evento fue impulsado por la diputada local de Morena, Brenda Velázquez, quien convocó a diversas vecinas del municipio de Escobedo para involucrarlas de manera directa en los procesos de creación de leyes y en la discusión de asuntos públicos de relevancia para sus respectivas comunidades.
Durante el desarrollo de la jornada, las asistentes tuvieron la oportunidad de familiarizarse con el funcionamiento interno del trabajo legislativo y colaboraron activamente en la construcción de una iniciativa formal que posteriormente fue presentada ante el Congreso del Estado. La legisladora explicó que el núcleo central de esta propuesta radica en el fortalecimiento del Presupuesto Participativo, buscando que los proyectos seleccionados e impulsados por la propia comunidad adquieran un carácter verdaderamente vinculante para las autoridades municipales. Se pretende que existan plazos claramente definidos para su correcta ejecución, además de mecanismos de transparencia que permitan a la ciudadanía dar seguimiento puntual al avance de cada una de las obras.
Al referirse al propósito central de este ejercicio democrático, la diputada Velázquez señaló que se buscaba trascender la dinámica tradicional de una simple visita institucional a la sede del Poder Legislativo. El objetivo principal consistió en que las mujeres tuvieran la oportunidad real de ocupar una curul, hacer uso de la tribuna, expresar las necesidades prioritarias de sus colonias y transformar dichas ideas en propuestas legislativas concretas con capacidad real de incidir en la transformación del entorno social.
El proceso de trabajo abarcó desde la explicación metodológica sobre la forma en que se redacta una iniciativa de ley hasta la discusión de las problemáticas cotidianas que afectan a las diferentes zonas habitacionales de Escobedo. Tras consolidar las propuestas colectivas, las participantes acudieron a formalizar la entrega de la reforma, la cual fue debidamente suscrita por la legisladora promovente para iniciar su trámite legislativo en las comisiones correspondientes.
En el aspecto técnico, la iniciativa estipula lineamientos rigurosos para los gobiernos municipales. Se establece que, una vez aprobado un proyecto comunitario y habiéndose confirmado la disponibilidad presupuestal de los recursos necesarios, los Ayuntamientos contarán con un plazo máximo de noventa días naturales para iniciar de manera formal los procedimientos de contratación o licitación pública correspondientes. De igual manera, se fija un periodo límite de hasta dieciocho meses para la ejecución y conclusión total de la obra, contemplando la posibilidad de una prórroga que no exceda los seis meses únicamente cuando exista una causa debidamente justificada y fundamentada.
Para la promotora de la iniciativa, la experiencia cotidiana de las vecinas en sus colonias representa un insumo fundamental que debe ser tomado en cuenta por los tomadores de decisiones. Las mujeres conocen con precisión las carencias, deficiencias y áreas de oportunidad en sus sectores, por lo que abrir estos espacios de incidencia institucional implica reconocer formalmente que su experiencia directa se puede traducir en políticas públicas eficaces.
El texto de la reforma contempla disposiciones estrictas en materia de rendición de cuentas. Se obliga a los Ayuntamientos a mantener pública y accesible en sus portales oficiales toda la información detallada relacionada con el ejercicio financiero del Presupuesto Participativo, así como el seguimiento técnico del desarrollo de cada proyecto seleccionado hasta alcanzar su total conclusión y entrega formal a la comunidad beneficiada.
Fuente: Tribuna