Monterrey, Nuevo León.- Ante el próximo inicio de las discusiones correspondientes al paquete presupuestal en el estado de Nuevo León, legisladoras locales pertenecientes a distintas fuerzas políticas manifestaron la urgencia de construir acuerdos institucionales que permitan contar con un presupuesto aprobado en tiempo y forma. Durante los pronunciamientos realizados en el Congreso de Nuevo León, las representantes de los grupos legislativos de Movimiento Ciudadano y del Partido Acción Nacional, así como de la bancada priista, coincidieron en que la entidad debe evitar la aplicación recurrente de una reconducción presupuestal, argumentando que las exigencias financieras y las prioridades de gasto cambian de forma sustancial de un ejercicio fiscal a otro.
La coordinadora de la bancada de Movimiento Ciudadano, Sandra Pámanes, enfatizó que los diversos grupos legislativos deben iniciar a la brevedad con la revisión técnica de las propuestas que enviará el Poder Ejecutivo estatal, con el objetivo de estructurar los consensos necesarios antes de que venzan los plazos legales establecidos. Pámanes subrayó que existe apertura para dialogar sobre el proyecto gubernamental y realizar las modificaciones operativas que se consideren pertinentes, al tiempo que advirtió que la sociedad neoleonesa no debe continuar enfrentando incertidumbre en la definición del gasto público. Entre los aspectos centrales que la legisladora colocó como prioritarios destacan el fortalecimiento de la seguridad pública, la adquisición de equipamiento para las corporaciones policiales, la asignación de recursos para la conclusión de obras de infraestructura vial, la continuidad en el financiamiento de las nuevas líneas del sistema de transporte Metro, la distribución de fondos hacia los municipios y el sostenimiento de los programas sociales. Recordó que el calendario legislativo contempla el 20 de noviembre como la fecha límite para la entrega formal del paquete económico por parte del Ejecutivo, mientras que el 20 de diciembre representa el plazo para su eventual aprobación en el pleno.
La diputada por el Partido Acción Nacional, Claudia Caballero, indicó que en su grupo parlamentario existe la disposición de trabajar para lograr la validación del presupuesto en los tiempos normativos; sin embargo, precisó que la postura definitiva de su bancada se fijará una vez que se conozca a detalle el documento oficial elaborado por la administración estatal. La legisladora remarcó que el análisis de la iniciativa deberá conducirse bajo principios de responsabilidad fiscal, asegurando una fiscalización rigurosa sobre el destino de los recursos públicos aportados por los contribuyentes. Dentro del mismo contexto de negociación, Caballero señaló que el proceso legislativo deberá considerar también la resolución pendiente sobre la ratificación o nombramiento del titular de la Tesorería estatal, por lo que instó a dar seguimiento integral tanto al proyecto económico como a las dinámicas de diálogo entre los poderes del estado.
En tanto, la diputada Perla Villarreal centró su postura en la necesidad de resolver las diferencias y los pasivos financieros que persisten entre la administración central y diversas instituciones u organismos autónomos que han reportado limitaciones operativas por falta de entregas presupuestales. Villarreal insistió en que el avance de las mesas de trabajo requerirá de una voluntad bilateral genuina, advirtiendo que los desacuerdos políticos entre los actores de gobierno no deben utilizarse como un factor para bloquear la dictaminación de la ley de ingresos y el presupuesto de egresos. La legisladora confirmó su apertura para acudir a la reunión de diálogo programada para el próximo 2 de septiembre, recalcando que la asignación oportuna de partidas es fundamental para dar continuidad a proyectos del sector educativo y a programas de impacto social.
El debate que iniciará formalmente en los próximos meses determinará la distribución de los fondos públicos entre las distintas dependencias estatales, los poderes públicos, los ayuntamientos y los órganos constitucionalmente autónomos. El proceso requerirá conciliar las distintas visiones parlamentarias sobre el endeudamiento, la inversión en obra pública y el gasto corriente, en un esfuerzo por garantizar la estabilidad financiera de la entidad durante el siguiente ciclo fiscal.
Fuente: Tribuna