Monterrey, Nuevo León.- La Fiscalía General de Justicia del Estado de Nuevo León abrió una carpeta de investigación dirigida hacia un docente del Colegio Tonallí, luego de que agentes ministeriales y peritos llevaran a cabo dos órdenes de cateo de manera simultánea: una dentro de las instalaciones del plantel educativo privado —situado en la comunidad de El Uro, al sur del municipio de Monterrey— y otra en una vivienda ubicada en San Nicolás de los Garza.

De acuerdo con la información confirmada por la autoridad estatal, los actos de investigación se desprenden de una denuncia por presuntos delitos de índole sexual en perjuicio de un menor de edad. Durante el despliegue ministerial, los peritos procedieron al aseguramiento de diversos dispositivos electrónicos, entre los que figuran equipos de cómputo y teléfonos móviles, los cuales serán sometidos a los análisis forenses y periciales correspondientes para integrar los elementos de prueba pertinentes a la carpeta ministerial.

Operativo simultáneo e indicios recabados en la indagatoria

El despliegue de los elementos de la Agencia Estatal de Investigaciones (AEI) y del personal del Instituto de Criminalística y Servicios Periciales inició alrededor de las 05:00 horas del martes. Un contingente acudió a la sede escolar ubicada en el sector de El Uro, a corta distancia de la Carretera Nacional, donde los agentes aseguraron el perímetro exterior mientras se ejecutaba la inspección en las distintas áreas administrativas y operativas del inmueble.

De forma paralela, otra brigada de agentes investigadores intervino una residencia localizada en el municipio metropolitano de San Nicolás de los Garza. Las autoridades confirmaron de manera formal que dicho inmueble corresponde al domicilio particular del docente sobre quien recae la investigación.

El fiscal Javier Flores precisó ante medios de comunicación que el propósito medular de ambas inspecciones judiciales fue la recolección de indicios digitales y datos de prueba orientados a esclarecer la denuncia presentada. Fuentes ministeriales señalaron que las pesquisas continúan su curso bajo estricta reserva institucional para no vulnerar el debido proceso ni la integridad de las partes involucradas, puntualizando además que, hasta el momento, no se ha reportado la detención de personas en flagrancia derivada exclusivamente de las diligencias ejecutadas en dichos inmuebles.

Postura institucional y continuidad de las actividades escolares

La presencia de las unidades policiales durante las primeras horas de la mañana coincidió con el horario de llegada de colaboradores administrativos y personal del plantel que se preparaba para las jornadas previas al arranque del calendario escolar. Inicialmente, el ingreso al recinto permaneció restringido de manera preventiva mientras los agentes ministeriales concluían el levantamiento de objetos en los espacios designados por la orden judicial.

La administración del Colegio Tonallí emitió una postura oficial respecto a los hechos. La dirección del plantel informó que tomó la determinación de separar de manera inmediata de sus funciones al colaborador mencionado en las indagatorias, con el objetivo de facilitar el esclarecimiento de los hechos y garantizar un entorno seguro dentro de la comunidad escolar.

La institución educativa subrayó que ha mantenido una colaboración abierta y transparente con la Fiscalía General de Justicia y las corporaciones intervinientes desde el primer momento en que se requirió el acceso a las instalaciones. En su comunicado, las autoridades del colegio enfatizaron que el ciclo académico y las actividades regulares se desarrollarán conforme a los calendarios establecidos, sin interrupciones en la atención de los alumnos.

La representación del centro educativo hizo un llamado a las autoridades investigadoras para que las actuaciones se conduzcan con la debida sensibilidad, rigor técnico y apego estricto al marco legal, velando en todo momento por el principio del interés superior de la niñez.

La Fiscalía estatal continuará con el análisis pericial del material tecnológico incautado para determinar si existen elementos suficientes que deriven en responsabilidades penales o en solicitudes formales ante un juez de control. Por su parte, la comunidad de padres de familia y directivos permanece atenta a las actualizaciones que la autoridad investigadora emita en los próximos días conforme avance el proceso judicial.

Fuente: Tribuna