Monterrey, Nuevo León.- Diversos actores políticos de Nuevo León emitieron un llamado a las autoridades del gobierno estatal para que se garantice el flujo de recursos financieros necesarios que permitan al Instituto Estatal Electoral y de Participación Ciudadana de Nuevo León (IEEPCNL) organizar el proceso electoral programado para 2027. La exigencia surge tras darse a conocer que el órgano electoral ha comenzado los trabajos preparatorios de la contienda bajo un esquema de reconducción presupuestal, lo cual implica operar con los mismos montos asignados en periodos anteriores sin contar con los ajustes requeridos para una jornada comicial.
Frente a este panorama, la presidenta del IEEPCNL, Beatriz Camacho, advirtió con antelación sobre los riesgos que implica la falta de suficiencia presupuestaria para el cumplimiento de las atribuciones constitucionales del organismo, señalando que la estabilidad institucional y la gobernabilidad en la entidad podrían verse afectadas. La controversia en torno a los fondos del instituto refleja el desfase entre las estimaciones técnicas del órgano electoral y lo ejercido hasta ahora. Mientras que el IEEPCNL solicitó formalmente un techo financiero de 932 millones de pesos para atender las obligaciones del proceso, el gobierno estatal contempló en un inicio una partida de 644 millones de pesos. Aunque el Congreso local aprobó una bolsa de 750 millones de pesos, la reconducción presupuestal vigente mantiene al instituto funcionando con un presupuesto cercano a los 625 millones de pesos.
La diputada local del Partido Revolucionario Institucional y aspirante a la alcaldía de Monterrey, Lorena de la Garza, sostuvo que la omisión en la entrega de partidas completas representa un mecanismo indirecto de intromisión por parte del Poder Ejecutivo en la contienda política de 2027. De la Garza argumentó que someter al órgano autónomo a solicitar ampliaciones o suficiencias presupuestales mes a mes ante la Tesorería estatal debilita su independencia operativa y deja el desarrollo de la contienda a la discrecionalidad financiera del gobierno en turno.
La legisladora detalló que un año con actividades comiciales demanda gastos extraordinarios derivados de la instalación y operación de las comisiones municipales electorales en los 51 municipios del estado, las cuales requieren el arrendamiento de inmuebles, contratación de personal eventual y equipamiento logístico. Subrayó que en municipios con gran extensión territorial o alta densidad demográfica es necesario habilitar múltiples sedes, por lo que un presupuesto concebido para un periodo ordinario no electoral resulta insuficiente para cubrir los costos fijos que exige la cobertura del territorio estatal.
El senador con licencia y aspirante a la gubernatura por el Partido Verde Ecologista de México (PVEM), Waldo Fernández, coincidió en la necesidad de regularizar a la brevedad la asignación de recursos para el instituto. No obstante, el legislador con licencia instó a las autoridades del IEEPCNL a implementar medidas internas de austeridad y optimización del gasto que permitan reducir costos administrativos sin comprometer las funciones sustantivas de la organización electoral.
Fernández lamentó que el diferendo político persistente entre el Ejecutivo estatal y el Congreso local mantenga en incertidumbre a diversos organismos autónomos, incluyendo al Poder Judicial y a la Fiscalía General de Justicia. Explicó que la aplicación sistemática de la reconducción presupuestal genera una pérdida en la capacidad operativa de las instituciones, la cual estimó en un detrimento real de entre el cuatro y el cinco por ciento anual al no actualizar los techos financieros frente a los índices inflacionarios. Enfatizó que la falta de garantías operativas para los comicios perjudica sobre todo a la ciudadanía, al vulnerar el libre ejercicio del voto.
Fuente: Tribuna