Monterrey, Nuevo León. – La Comisión Nacional del Agua (Conagua), a través del Organismo de Cuenca Río Bravo, precisó la situación jurídica y técnica del proyecto de infraestructura hídrica denominado Monterrey VI, tras los recientes posicionamientos vertidos por las autoridades locales de Nuevo León sobre la eventual reevaluación de la obra. El organismo de carácter federal aclaró formalmente que hasta el momento no existe ninguna solicitud formal, trámite administrativo ni expediente técnico ingresado ante la instancia correspondiente que contemple la reactivación efectiva de dicho acueducto. La dependencia remarcó que los anuncios públicos orientados a la elaboración de análisis de planeación, prospección o esquemas de optimización no constituyen ni equivalen a una reanudación de los trabajos mientras no se presente formalmente un proyecto ejecutivo validado y actualizado.

De acuerdo con la información divulgada por la dependencia federal, ni la empresa pública Servicios de Agua y Drenaje de Monterrey (SADM) ni la administración central del gobierno del estado de Nuevo León han entregado al Organismo de Cuenca Río Bravo documentación relacionada con la revisión del trazado, estudios complementarios o solicitudes formales de opinión técnica. La Conagua subrayó que, por tratarse de una obra de gran magnitud que involucra el trasvase y la conducción de recursos hídricos entre distintas entidades federativas del país, el procedimiento legal y normativo exige una rigurosa serie de requisitos de carácter interdisciplinario indispensables para cualquier tipo de análisis o dictamen de factibilidad.

Entre las exigencias señaladas por las autoridades federales para evaluar formalmente un esquema de esta envergadura se contemplan estudios detallados en materia de topografía y trazo, hidrología regional, hidráulica aplicada, mecánica de suelos, así como análisis de disponibilidad y calidad del recurso hídrico. Se requiere la presentación completa del diseño estructural, las memorias de cálculo, planos ejecutivos definitivos, catálogos de conceptos y una estructura presupuestaria debidamente actualizada. El proyecto requiere la acreditación jurídica de los derechos de vía, la tenencia legal de la tierra a lo largo del trayecto proyectado y la obtención de las licencias ambientales, además de los permisos normativos correspondientes en los órdenes federal, estatal y municipal. Una eventual revisión demandaría la participación técnica de diversas áreas especializadas del organismo y la intervención de su consejo consultivo.

En relación con la situación jurídica del recurso hídrico, el organismo federal precisó los términos de la concesión otorgada en 2011 para la ejecución de Monterrey VI. Dicho título de concesión, con una vigencia de 30 años, ampara la extracción y aprovechamiento de un volumen total de 473 millones 40 mil metros cúbicos anuales provenientes de la cuenca del Río Pánuco, con destino exclusivo al uso público urbano. Sin embargo, debido a que desde la fecha de su expedición no se han construido las obras físicas de infraestructura requeridas para trasladar el caudal hacia la zona metropolitana de Monterrey, el aprovechamiento real de este recurso no se ha materializado, lo que sitúa al título de concesión en una condición legal de riesgo de caducidad conforme a los criterios vigentes.

En este marco, la regulación establecida en la Ley de Aguas Nacionales y su respectivo Reglamento estipula que los volúmenes de agua asignados o concesionados que no sean utilizados de manera efectiva quedan sujetos a procesos de caducidad total o parcial, exceptuando únicamente aquellos casos en los que los promoventes acrediten las causales legales de interrupción previstas por el marco jurídico. En este contexto, la Conagua informó que durante el mes de julio de 2026 notificó a Servicios de Agua y Drenaje de Monterrey mediante una carta invitación para proceder al pago de la Cuota de Garantía de No Caducidad de Volúmenes, cuyo monto asciende a un total de 172 millones 801 mil 512 pesos.

Hasta la fecha del pronunciamiento oficial, la autoridad hídrica federal confirmó que no se encuentra registrado el cumplimiento de dicho pago por parte del organismo operador estatal. La Conagua advirtió que, de mantenerse la omisión del entero de estos recursos económicos y en caso de no justificarse alguno de los supuestos legales de excepción estipulados en la norma aplicable, la totalidad del volumen de agua concesionado que no ha sido aprovechado hasta el momento podrá ser turnado a los procedimientos administrativos de caducidad previstos por la legislación federal en la materia.

Fuente: Tribuna