Monterrey, Nuevo León.- En el marco del anuncio sobre la entrega del Quinto Informe de Gobierno por parte del Poder Ejecutivo de Nuevo León, programada para el próximo 15 de octubre, integrantes del Congreso del Estado de Nuevo León han comenzado a analizar formalmente una propuesta de reforma legislativa. La iniciativa tiene como objetivo central establecer como un precepto de carácter obligatorio la comparecencia física del gobernador Samuel Alejandro García Sepúlveda ante el pleno del Poder Legislativo local al momento de presentar la rendición de cuentas anual de su administración.

La discusión surge a raíz de que se diera a conocer que el titular del Ejecutivo estatal contempla remitir únicamente el documento correspondiente a su quinto año de gestión sin presentarse de forma personal ante la asamblea. Frente a este escenario, los grupos legislativos han planteado la pertinencia de modificar el marco normativo vigente para garantizar que el ejercicio de rendición de informes no se limite a la simple entrega de carpetas o al envío de un representante institucional.

De acuerdo con lo establecido en el artículo 79 de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Nuevo León, el titular del Poder Ejecutivo estatal tiene la obligación de acudir, de manera invariable, a rendir su informe ante los diputados locales. No obstante, durante la presente gestión estatal, el mandatario únicamente se presentó ante la soberanía popular en octubre de 2022, fecha en la que rindió su primer informe de actividades.

Posterior a dicho evento, y como consecuencia de marcadas diferencias políticas entre el mandatario estatal y los legisladores de las distintas bancadas locales, García Sepúlveda optó por no regresar a la sede del Poder Legislativo para los ejercicios posteriores. A partir de 2023, la dinámica del gobernador consistió en organizar eventos públicos y actos oficiales fuera del recinto parlamentario, utilizando para ello recintos de entretenimiento con la presencia de invitados especiales e incluso extendiendo invitaciones a los propios legisladores para asistir a dichas ceremonias.

Sobre el particular, el diputado local por el Partido Revolucionario Institucional (PRI), Javier Caballero, manifestó que no resulta sorpresivo que el Ejecutivo estatal no contemple acudir de manera personal a la sede del Congreso para presentar la actualización de su trabajo de gobierno. Sin embargo, el legislador remarcó que esta conducta hace indispensable que los integrantes de la legislatura comiencen a trabajar de manera inmediata en la redacción de una reforma específica.

En sus apreciaciones, el diputado puntualizó la conveniencia de evaluar mecanismos detallados para establecer las obligaciones legales del mandatario. Señaló como antecedente los ajustes realizados anteriormente en torno a la legislación sobre el impuesto verde, donde se fijaron especificaciones puntuales en cuanto a los tipos de sanciones aplicables en caso de incumplimiento. Caballero enfatizó que la comparecencia en la sede parlamentaria representa un ejercicio fundamental de transparencia dirigido a la ciudadanía de Nuevo León y no un mero trámite parlamentario, además de cuestionar la negativa a escuchar las posturas y comentarios de las diversas bancadas que integran el pleno.

La coordinadora de la bancada del Partido Verde Ecologista de México (PVEM), Claudia Chapa, confirmó que se sumará a la iniciativa y suscribirá la propuesta de reforma. La legisladora argumentó que es indispensable que el gobernador acuda personalmente al recinto parlamentario para escuchar los señalamientos y críticas de los grupos legislativos en representación de la población. Agregó que no se debe permitir que la autoridad estatal eluda esta responsabilidad mediante el simple envío del documento escrito o la designación de un representante oficial para cumplir con la entrega.

Los legisladores señalaron que, en caso de que la iniciativa sea discutida y aprobada por el pleno del Congreso durante el presente periodo de sesiones, y posteriormente sea publicada en el Periódico Oficial del Estado, la norma resultante podría ser jurídicamente aplicable al último informe de gobierno de la actual administración, sentando un precedente normativo para las siguientes legislaturas locales.

Fuente: Tribuna